La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada Silvia Cardozo (PJ), continuó con el análisis del proyecto que permite la explotación minera del emprendimiento Potasio Río Colorado.

Se conversó sobre el destino que la Provincia realizará de los 12 millones de dólares del cual dispondrá a partir del Fondo de Desarrollo Socio-Ambiental; los tendidos eléctricos que la empresa necesitará para su funcionamiento; la generación de empleo en el lugar a establecerse y la priorización de la compra de materiales y contratación de mano de obra mendocina.

El diputado Roberto Blanco (UP), consultó a Guillermo Carmona sobre la posibilidad de que la Secretaría de Medio Ambiente solicite a la intendencia de Malargüe un listado de obras a realizar en el departamento con la implementación de dineros del Fondo de Desarrollo Socio-Ambiental y que a su vez éstas obras sean incluidas en el texto del convenio y la ley correspondiente. En este sentido, Carmona respondió que “se le solicitará a la intendencia un listado de obras que tienen prioridad en el departamento, lo cual tiene ventajas para los legisladores para evitar suspicacias”, del mismo modo agregó que no se puede prever con mucha anticipación que otras obras va a necesitar el departamento con tantos años de antelación.

Según las estimaciones del gobierno, una vez en funcionamiento el proyecto y teniendo en cuenta un valor de 450 dólares la tonelada de cloruro de potasio, por una producción de 2,4 millones de toneladas anuales, el aporte al Fondo sería de unos 10,8 millones de dólares. Se suma a ello, y según valores internacionales, 27 millones de dólares correspondientes al 3% en concepto de regalías, según establece la Ley nº 24196.

En relación al convenio firmado entre la empresa y el gobierno provincial, los legisladores manifestaron que sería importante que se incluya en el proyecto, un punto en el que se especifique que cualquier cambio que implique modificación de los criterios del Fondo, deberán ser hechos a través de instrumentos convencionales (dendas, por ejemplo) que tendrán ratificación legislativa.

Los legisladores se mostraron preocupados en materia de conexiones y tendidos eléctricos ha ejecutarse para que la empresa funcione, ya que eso es su propia responsabilidad y no de la Provincia. En este sentido, Blanco remarcó que son 110 kilómetros los que separan la línea Comahue-Cuyo del lugar en el que la empresa se asentará y que los fondos que se utilizarán para ello deberían tener el destino de obras que propongan mayor desarrollo en el departamento de Malargüe, tal es el caso del Hospital de Malargüe.

Asimismo, Guillermo Carmona expresó que no desea que se demore más este proyecto porque se debe cobrar a la empresa aportes de 2009 y 2010. A su vez se busca acelerar los procesos en los trámites ha realizar por la minera y conseguir las autorizaciones que permitan desarrollar el emprendimiento.

Participaron de la reunión los diputados Ricardo Puga (PIM), Gustavo Arenas (PJ), Rogelio Gil (PJ), Alejandro Viadana (PJ), Luis Petri (Confe) y Néstor Parés (UCR), integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales presidida por Silvia Cardozo (PJ) y los diputados Rita Morcos (PJ), Alexandre Maza (Confe), Omar De Miguel (UCR), Roberto Blanco (UP), Patricia Gutierrez (UP), Luis Orbelli (PJ-Unipersonal), Sonia Carmona (PJ) y Aldo Vinci (PD).