Una encuesta que hizo El Diario en Santa Rosa y que se publicó durante la semana que se fue, confirmó de manera sistemática y concreta una percepción con la que no cuesta chocarse en cualquier lugar público, aunque no tenga una respuesta institucional a la altura de las necesidades.

El sondeo demostró claramente que el aborto es una realidad palpable en todos los ámbitos sociales, y que la comunidad percibe la necesidad de que el Estado intervenga de algún modo para evitar las peores consecuencias de la inexistencia de normativas que regulen lo que en la realidad cotidiana es una práctica habitual.

Los números en la capital provincial, de acuerdo al estudio, indicaron que el 79,3% de los consultados aceptan la práctica del aborto. La mayoría, el 74,8%,lo admite “en ciertos casos”. Sólo el 17% dice que en ningún caso aceptaría el aborto.

Los números a nivel nacional, según distintas encuestas, son parecidos o demuestran incluso una aceptación mayor de esa práctica.

En este caso, la dirigencia política parece ir por detrás de las aspiraciones ynecesidades de la ciudadanía, aunque a nivel nacional -como ha ocurrido con otras problemáticas de antigua data- se han registrado en los últimos años algunos avances, aunque más no sea en el terreno de las intenciones y los discursos.

En el caso del aborto incluso se dio un paso más allá: hay un proyecto legislativo para establecer definitivamente su despenalización, aunque no está del todo claro cuál será su conclusión, ya que los primeros pasos que se dieron terminaron de manera confusa y después del 10 de diciembre habrá nuevos representantes legislativos tratando el tema.

En La Pampa, las autoridades están muy por detrás: las presiones de la jerarquía de la Iglesia Católica han dado resultados contundentes, al punto que en nuestra provincia se evita incluso la aplicación de la ley vigente, que prevé la realización de abortos en los casos de mujeres violadas o discapacitadas, y para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre.

Una ley que aprobaron todos los bloques legislativos para reglamentar esa disposición y evitar que las instituciones se transformen en un obstáculo traumatizante -en lugar de brindar soluciones que ayuden al alivio- fue vetada por el gobernador Oscar Mario Jorge, en la que fue una de las primeras decisiones de su gestión.

Esa decisión fue reprochada a nivel judicial, pero finalmente -más por cuestiones formales que de fondo- quedó en vigencia.

El contexto actual parece ser otro, y entre las obligaciones de un dirigente político se encuentra la de saber leer los momentos en que le toca actuar y comprender las aspiraciones de la comunidad a la que representa, por lo que tiene una segunda oportunidad para entender lo que ocurre en la realidad, sobre todo si quien será su nueva vicegobernadora -Norma Durango- adopta el compromiso de fijar el tema como parte de la agenda más urgente para lo que está por venir.

...y una de arena

Otro caso de la mal llamada “justicia por mano propia” se produjo durante la semana que se va, cuando una persona de 83 años resistió un asalto a escopetazos e hirió de gravedad a uno de los ladrones, que hasta podría perder el ojo a raíz del balazo recibido.

Independientemente de las discusiones que este tipo de situaciones suelen provocar -generalmente con la inconducente idea de establecer quiénes son los “buenos” y quiénes son los “malos”- lo que el hecho pone en evidencia es una realidad en la que la violencia explota en medio de una generalizada sensación de anomia, en momentos en que importantes sectores de la población perciben la impunidad y la falta de respuestas por parte de la Justicia.

De ningún modo es justificable esta reacción por parte de un ciudadano, aunque sí la situación -además repetida- no sólo merece sino que debe ser analizada por los actores involucrados y por quienes tienen la obligación de tomar decisiones.

El discurso que suele avalar estas conductas y reacciones violentas hace base en la supuesta inacción de los políticos para afrontar las problemáticas de la seguridad y pone bajo la lupa la pasividad judicial y la presunta complicidad de los funcionarios de ese poder con quienes cometen delitos.

Apuntar a una solución de estas problemáticas por una vía civilizada requiere desarticular las excusas que esos sectores filofascistoides puedan tener para gestar su caldo de cultivo o masificar ciertas posturas.

Es en ese sentido que algunas decisiones y comportamientos de los propios funcionarios no parecen aconsejables si se pretende difundir la idea de que la Justicia funciona o puede funcionar como corresponde, y entonces desbaratar la idolatría de la “justicia por mano propia”.

Entre los ejemplos que no ayudan debe contarse, por ejemplo, el que durante la semana que se fue concretó el fiscal Fernando Rivarola, quien prefirió hacer un pacto con delincuentes acusados no sólo de integrar una banda dedicada al abigeato para comercializar la carne, sino que además demostraron una alta dosis de violencia al resistirse al accionar policial.

El fiscal no sólo permitió que los acusados lleguen al juicio en libertad, sino que además actuó poco menos que a espaldas tanto de los investigadores del propio hecho como de la prensa interesada en informar sobre la cuestión.

No está mal -más bien podría ser la norma- que cuando un funcionario adopte este tipo de arreglos con determinados acusados tenga en cuenta cuál puede ser la opinión de la comunidad y de quienes han actuado como auxiliares de la Justicia.

Nunca está de más prevenir ese tipo de reacciones, o reclamar ciertas opiniones; y no debe desecharse la posibilidad de dar explicaciones públicas, para evitar que la lectura más elemental sobre una decisión judicial siga siendo que los funcionarios le quitan el cuerpo al trabajo, o que prefieren “ponerse del lado de los delincuentes”, una interpretación que por más que sea errónea es parte de la realidad y desemboca en la justificación de la venganza.