La Municipalidad y el Concejo Deliberante buscan la manera de destrabar la situación de 30 edificios de departamentos recientemente construidos y cuyos propietarios están imposibilitados de venderlos por no contar con el denominado "final de obra" que se otorga a los emprendimientos habitacionales ejecutados dentro de las normas legales. El conflicto está vinculado a los cambios producidos en el Código de Ordenamiento Urbano, cuya aplicación fue el año pasado suspendida por orden judicial y luego refrendada por otro fallo, esta vez favorable aunque condicionado a una serie de cambios que ahora aprobaría el Concejo Deliberante.

abre comillasLos departamentos en cuestión 'se pueden escriturar' pero no pueden ser sometidos al denominado proceso de 'segunda venta', señalaron fuentes municipalescierra comillas

Para algunos constructores "las marchas y contramarchas" habrían dado lugar a la aparición de "zonas legales grises", mientras que desde la Comuna se indicó que "lo que hubo fue responsables de construcciones que no siguieron los proyectos originales contenidos en las carpetas de obra que presentaron en su momento".

La situación legal de esas propiedades es uno de los temas que los concejales que integran la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante empezaron a desarrollar esta semana junto con representantes del Municipio en el marco de la adecuación del Código de Ordenamiento Urbano que, como este diario adelantó, implicará cambios en la altura de los edificios que puedan construirse en algunas zonas de la Ciudad.

La norma que se intenta aprobar implica la adecuación del Código de Ordenamiento Urbano a la legislación provincial sobre uso del suelo y constituye, además, el cumplimiento por parte de la Comuna de una resolución de la Suprema Corte de Justicia en el marco de una causa iniciada el año pasado por una entidad ambientalista.

ENTRE 2009 Y 2011

Los edificios de departamentos que, de acuerdo a lo señalado por fuentes municipales, "se pueden escriturar" pero no pueden ser sometidos al denominado proceso de "segunda venta", fueron construidos a partir de proyectos presentados entre 2009 y 2011 en pleno proceso de reforma del COU cuyos cambios fueron avalados por mayoría en el Concejo Deliberante previo debate entre fuerzas políticas, colegios profesionales y entidades ambientalistas. La mayoría de esas construcciones, se explicó, sufrió modificaciones respecto de los permisos que les fueron otorgados. "Se trata de obras en las que se hizo algo diferente a lo que se aprobó", se explicó desde el Municipio.

Más allá de la razones por las que esos edificios no hayan podido contar con el denominado "final de obra", la situación ha limitado los derechos de propiedad de numerosos platenses que compraron departamentos a través del denominado sistema de fideicomiso o "construcción en pozo". Durante los debates iniciados en la comisión de Legislación del Concejo que preside el edil Juan Pedro Chaves, hubo planteos para que se resuelva esa situación "de manera urgente". Una de las ponencias fue formulada por el concejal por el PRO, Julio Irurueta, que sostuvo que "algo debe hacerse para resolver el problema de esas personas que compraron de buena fe y hoy no pueden disponer libremente de sus propiedades".

SERVICIOS

Por su parte, Fernando Gando desde la UCR y Gastón Crespo desde el Frente Amplio Progresista compartieron la necesidades de ordenar la legislación referida al ordenamiento urbano y territorial mediante "un análisis meduloso y un debate amplio que aclare y transparente la situación". En tanto, el peronista disidente José Arteaga planteó públicamente que insistirá en la aprobación de una norma que "obligue a los contratistas a solicitar a las empresas proveedoras de agua, cloacas, luz y gas los correspondientes certificados de factibilidad que avalen que podrán brindar los servicios básicos porque nos preocupa es que la Ciudad colapse en materia de prestaciones".

La comisión que integran los ediles oficialistas Valeria Amendolara y Fabián Lugli; Julio Irurueta (PRO), Gastón Crespo y Emiliano Fernández (FAP) y Fernando Gando (UCR) inició los debates con un grupo de funcionarios municipales encabezados por el titular de Gestión Pública, Enrique Sette que adelantó que al proyecto de modificación del COU se adjuntará un mapa con las modificaciones hechas por la Provincia y el Concejo Deliberante y entre las que, como este diario adelantó, sobresale la imposición de nuevas alturas para la construcción de edificios en la zona norte del casco urbano, delimitada por las calles 1 a 14 y de 32 a 38 donde de un máximo de 10 a 12 pisos sólo se podrán levantar 6 niveles. La misma norma regirá para los frentes que den a la avenida Circunvalación (31, 131, 32, 132, 72 y 122) donde tampoco los edificios a construirse podrán superar los 6 pisos.