La idea de una nueva reforma a la Constitución de la Provincia de Salta vuelve a tomar fuerza ante la necesidad de cambiar las cartas orgánicas de los pocos municipios que tienen uno en la provincia, pero el verdadero motivo de los cambios es más profundo: limitar la cantidad de reelecciones en todos los cargos electivos e imponer un nuevo criterio para la designación de jueces de la Corte de Justicia.

En estos días, concejales de toda la provincia manifestaron su deseo de iniciar los encuentros y trabajos necesarios para modificar la Constitución Provincial debido que este sería el primer paso para luego avanzar a su verdadera preocupación: La Carta Orgánica.

Ricardo Villada, presidente del Concejo Deliberante Capitalino, dijo en reiteradas oportunidades que los cambios en los concejos son urgentes y que solicitaron realizar estos cambios, pero que hasta el momento no logran obtener respuestas. Las modificaciones tienen por objeto primero llevar el mandato de los ediles de dos a cuatro años, la renovación parcial del cuerpo y no en su totalidad, como sucede en su actualidad, y limitar a sólo dos las reelecciones posibles.

El último punto es el más polémico, ya que pondría fin las a las especulaciones e interpretaciones legales sobre la posibilidad de más de dos mandatos en la gobernación. El primero en pedir cambios constitucionales fue el diputado Matías Posadas, pero su iniciativa no llegó a nada en la Cámara Baja provincial en el 2016.

Según información a la que pudo acceder Elintra.com.ar, el proyecto de Posadas planteaba modificaciones tales como dejar de lado la posibilidad de reelección indefinida de algunos funcionarios, la durabilidad de los Jueces de Corte y un sistema unicameral para el Poder Legislativo.

El último cambio en la Constitución de la provincia se produjo en agosto de 2003, cuando se modificó el artículo 140, que permitió que el ex gobernador Juan Carlos Romero se presente para una tercera reelección. En realidad, la referida reforma se trató de un agregado al artículo 140, al que se le adicionó la posibilidad de que los gobernadores y vicegobernadores a partir de ahora puedan ser electos durante tres mandatos consecutivos, algo que ahora el gobierno de la provincia de Salta quiere cambiar.

En esa oportunidad, los constituyentes del Frente Unidos por Salta y del PO coincidieron en criticar el sistema electoral por el cual se eligió a los convencionales, ya que a pesar de haber obtenido tanto las postura del "SI" y el "NO" el 50 por ciento de los sufragios, el PJ se quedó con 38 miembros y la oposición sólo con 22. Con estos números Romero se aseguró tener lo necesario para imponer su voluntad.

En el 2015, el gobernador Juan Manuel Urtubey fue habilitado a participar por su tercera reelección gracias a este artículo. "No había nadie que tenga la suficiente fuerza para poder enfrentar a Romero y por eso Urtubey tuvo que volver a presentarse. Muchas veces dijo que no quería presentarse, pero en las encuestas ninguno de los posibles candidatos media bien”, confió una fuente del Gobierno.

Pero la reforma de la Carta Magna Provincial tendría otro objetivo fundamental: modificar la forma de elección y duración en su cargo de los jueces de la Corte Suprema de Salta y evitar que los intereses políticos interfieran en el funcionamiento y conformación del máximo tribunal de la provincia. Los actuales ministros colocados por los poderes políticos y no por sus pergaminos deberán  jubilarse los que ya puedan acceder al beneficio o dar un paso al costado, según confía una alta fuente judicial. En esta oportunidad se propondría que los ministros de la Corte sean vitalicios, como los de la Nación y un nuevo sistema de preselección de los postulantes, basado en su idoneidad y antecedentes académicos dicen en la legislatura salteña.

También se encuentra en estudio crear y reglamentar los organismos de control, en este punto habría  dos posturas muy encontradas, una de ellas sostiene que debe estar en manos de personal técnico que debe ser elegido por las Cámaras legislativas y que no tengan relación con los partidos políticos, la otra que debería ser integrada por representantes de distintos sectores de la oposición y no sólo del principal de ellos.

La primera no escapa al lobby que puedan efectuar los partidos políticos para imponer sus "técnicos”, y su designación dependerá de la cantidad de legisladores que tenga cada fuerza, por lo que una "junta técnica”, quedará, como ahora, en un organismo político. La segunda opción, que genera cientos de problemas en la actualidad, es muy cuestionable. Debido a las alianzas y el nefasto concepto de "transversalidad”, muchos de los considerados opositores son parte del oficialismo merced a los acuerdos electorales.

Un ejemplo de ellos fue la elección del diputado Mariano San Millán en la Auditoría General de la Provincia, que fue considerado como opositor en la Cámara de Diputados, por estar en el bloque romerista, sin considerar que tanto el oficialismo como este bloque son peronistas. De hecho es posible que ambos sectores vayan juntos en las próximas elecciones.

También estaria en el debate el sistema bicameral. Matías Posadas propuso eliminar el Senado e ir a un sistema unicameral, como existe en ocho provincias argentinas, pero el mayor cambio político proviene de una propuesta política de la Unión Cívica Radical, que consiste en cambiar la forma de representación política en la legislatura, que "no representa el verdadero mapa político de la provincia. El Justicialismo maneja el 75% de diputados y el 90% del Senado y sólo obtuvo el 40% de los votos emitidos por los ciudadanos”.

En los próximos meses se sabrá si Salta cambia nuevamente su Constitución y cuál será el alcance de las modificaciones, un proceso arduo ya que implica conversaciones constantes con los distintos actores sociales y políticos de la provincia, pero de llevarse adelante conllevará cambios profundos a futuro en las instituciones salteñas.