A sesenta años de la constitucionalidad del Impuesto a la Piedra, cuando los vientos del Bicentenario empujan a revalorizar la historia y a aquellos que la hicieron, surge con fuerza y genuinamente el debate acerca de sobre quiénes cae el mayor peso a la hora de tributar. El resultado de la discusión es previsible: pagan más los que tienen menos ingresos y posibilidades. Los concejales Gustavo Alvarez (PI) y Sergio Milesi (Unión Celeste y Blanco), aun en sus lejanías referenciales e ideológicas, acuerdan en un punto crucial. Los grandes poderes económicos pagan mucho menos de lo que deben pagar y la gran carga cae sobre las mayorías comunes. El número clave: desde 2007 a 2010 la recaudación por Servicios Urbanos creció en un 150 por ciento. Por Seguridad e Higiene, en un 200. Por Impuesto a la Piedra, apenas en un 17 por ciento. El tributo es a buena voluntad: se basa en las declaraciones juradas de las empresas, que siguen pagando bajo protesto. Hace poco más de dos años, cuando Milesi era director de ARBA, se descubrió un tren con 61 vagones con cemento sin declarar. La multa, recordó el ahora concejal, era de apenas 15.000 pesos. La equidad, a enorme distancia.

En un cruce de profundo valor conceptual en el programa radial "La Mañana" de FM 98Pop, los dos concejales -uno kirchnerista y el otro denarvaísta- confluyeron en un camino común. Gustavo Alvarez recordó las cifras que se transforman en la médula de la discusión. "Lo que pagamos todos los olavarrienses que tenemos una casa, la tasa de Servicios Urbanos, aumentó en su recaudación entre 2007 y lo proyectado para 2010, un 150 por ciento: de seis millones de pesos a quince". Seguridad e Higiene, que es lo que pagan los almacenes, los kioscos, y los bancos también, saltó de 3.200.000 en 2007 a 10 millones: un 208%". Sin embargo, el Impuesto a la Piedra "saltó de 17.800.000 a 21.000.000: un 17 por ciento".

Estas cifras marcan que "el esfuerzo impositivo, de contribución al erario público, recae sobre la gran mayoría y no sobre los negocios superconcentrados de la economía". Alvarez recalcó que "un 90 por ciento de la recaudación proviene de las cementeras. Lo que aportan las canteras es nimio en relación con los grandes. Y hablamos de empresas multinacionales que son las grandes empresas de la Argentina".

Desde que el senador Oscar Lara generó la posibilidad de que la ciudad se financiara con el producto de su propio vientre, las reacciones de los grandes grupos mineros fueron muy fuertes: apelaron a todo tipo de gestión para evitar el pago. Hasta que fue la Corte Suprema la que determinó que era constitucional que una ciudad recibiera una tasa a cambio de aquello que le arrancaban de su propio cuerpo. De todas maneras, hace medio siglo que vienen pagando "bajo protesto" en una nota aclaratoria en las declaraciones juradas.

"Mientras al grueso de la población, al jubilado, la maestra, el empleado, se le pide un esfuerzo económico que salta en un 150 por ciento, a quienes están en capacidad económica y han tenido una reactivación importante en los últimos años, no se les pide tanto".

Además, el concejal observó que "el Impuesto a la Piedra está atado al valor de la bolsa de cemento y debe ser equivalente al 2 por ciento del valor de la bolsa. Con las últimas subas de precio debería haber aumentado mucho más la recaudación. Según datos oficiales desde el 2007 la bolsa aumentó un 45,48 y la recaudación sólo el 12". Los números no cierran. Y de la única manera que podrían cerrar -dice Alvarez- es "que hubieran tenido una caída de la producción muy grande, que hubieran vendido mucho menos". Pero "según la Asociación de Fabricantes de Cemento, que integran estas empresas, la producción cayó un 2,26%. Para recaudarse lo que se recaudó en Olavarría debería haber caído la producción un 23 por ciento. Es decir, diez veces más que en el resto del país". Más número que no cierran. Ni cerca.

Un tren cargado de...

El concejal Sergio Milesi era director de ARBA Olavarría cuando, en agosto de 2008, se detectó un tren con 61 vagones repletos de cemento sin declarar, perteneciente a Camargo Correa. "Yo fui el jefe, el ideólogo de este operativo" que fue posible "a partir de una inteligencia previa que permitió disponerlo". De esa forma "se detectó que todo un convoy completo que llevaba cemento a granel no estaba declarado. No tenía la documentación que tenía que llevar la mercadería que se transporta por vía terrestre, en especial el Código de autorización para traslados, el COT". El concejal explicó que "antes de salir la carga debe hacerse un trámite vía Internet o telefónica en que se comunica a la central ARBA que se va a transportar por la Provincia tal mercadería". En situaciones anteriores "ya nos había ocurrido en situaciones anteriores que no quisieron parar o no mandaron los trenes enterados de la presencia de ARBA".

Para Milesi, "todo esto demuestra que no se respeta a rajatablas la ley. Quedó a las claras que como cualquier transportista pequeño a veces incumple una norma, millonadas de pesos como iban ahí también la incumplían".

La incógnita era cómo terminó aquella historia. Con qué sanción para los infractores. "Tengo entendido que se hizo un sumario y la empresa lo apeló a nivel judicial". Pero lo irrisorio es que "el monto máximo que podían en ese momento interponer de multa era sólo de 15.000 pesos, para un cargamento con un costo de 1.500.000 pesos". El concejal denarvaísta insistió en que "las cosas siempre se hacen pensando en castigar a los chicos y no a los grandes. Los grandes tienen que contribuir más; no podemos tener las mismas alícuotas para todos. Por una cuestión de justicia y de desconcentración económica tiene que haber alícuotas diferenciadas".

Si no se declaraban a ARBA 61 vagones de cemento, "al menos tenemos que plantear la duda de si lo declarado al Municipio es real. Por la magnitud de los montos tendríamos que tener un control específico y un grupo de fiscalización". El concejal de Unión Celeste y Blanco insistió en "ver en cada lugar, yendo de abajo hacia arriba, qué justicia tributaria se puede hacer en los municipios. Quién solventa todos los gastos que el Municipio tiene quién los solventa". Cuando se analizan estos datos precisos "se ve la progresividad o no de cada municipio. El Estado tiene herramientas para desconcentrar la economía. Y debe hacerlo". Tanto Milesi como Alvarez insistieron en el concepto de la enorme concentración económica que arrastra el país. Y en la necesidad de comenzar a contrarrestarla al menos con las herramientas locales.

Comisión especial

Gustavo Alvarez está en la etapa de redacción de un proyecto que presentará en el Concejo Deliberante y que busca la creación de una comisión especial: "Se trata de un grupo de concejales que estudie específicamente este tema. Por un lado el control, porque hoy el Departamento Ejecutivo tiene herramientas para controlarlos si quiere hacerlo; si considera que no son suficientes las declaraciones juradas puede pedir estudios técnicos. Hay que modificar eso". En segundo término, "el nivel de la alícuota, hoy se cobra el 2% y hay que analizar si tiene que ser el 2,5, el 3 o el 4 como fue históricamente". El tercer punto -dijo Alvarez- "es que la ordenanza está un poco desfasada respecto de la actualidad. Prevé el material para la cal y el cemento, pero ahora la caliza se utiliza para otros materiales que tienen otro precio y que se fabrican también acá. Entonces "el Concejo debe definir esto en un lapso de tres o cuatro meses, recoger datos y revisar la legislación para proponer a fin de año las modificaciones necesarias".

Cuando Sergio Milesi se refiere "al capitalismo concentrador" que produce "la gran crisis de Europa", se le escinde el esquema ideológico que lo ha situado bajo el paraguas del empresario Francisco De Narváez. El lo niega: "No tiene nada que ver que esté con De Narváez. Yo soy concejal de Olavarría y a mis ideales no los voy a vender por más que esté con quien esté". Así, puede compartir con Gustavo Alvarez la necesidad de avanzar sobre los grandes: "Siempre nos asustan con que no se puede tocar porque van a reaccionar legalmente. Pero hay que verlo y analizarlo".