En la Legislatura diputados y una senadora escucharon las opiniones de los administradores de las entidades de saneamiento. El proyecto está en estudio en las comisiones de trabajo de la Cámara alta.
Llegaron hasta Corrientes representantes de una decena de entidades, miembros de la Federación Correntina de Saneamiento Ambiental (FECOSA) “Ñande Y” (Nuestra Agua) y de la Federación de Cooperativas de Corrientes; todos presentes expresaron su oposición al proyecto. “No queremos entregar. Todo se hizo con el aporte de los vecinos y con su esfuerzo” dijo Francisco Riquelme, presidente de la FECOSA y representante de la Asociación Vecinal de Saneamiento de San Miguel.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, en su artículo uno indica: “Transfiérase a las municipalidades la gestión del servicio de captación, potabilización, conducción, distribución y mantenimiento de agua potable y el servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales y residuales, en las localidades donde dicho servicio público no se hallare concesionado”.
El artículo dos, molesta mucho más a los representantes de las asociaciones vecinales pues “cede y transfiere” los “bienes muebles, inmuebles y los derechos y acciones”.
Desde el sector toman este proyecto como una “confiscación” y aseguran que corre peligro la fuente laboral de medio millar de trabajadores en blanco. “Es cierto que algunas entidades no están bien, pero por eso no se puede disponer de sus bienes” dijo el secretario de FECOSA, Silvio Aranda.
En tanto Diócles Balladares, interventor de la COVESA de Itá Ibaté comento: “Ningún poblador por más lejano que esté deja de tener agua”.
Luego explicó que la entidad está saneada “se paga todo con el esfuerzo y la transpiración del ciudadano de Itá Ibaté”, para terminar haciendo una comparación: “Tenemos un nivel del pago del 94 por ciento, no se si la DPEC puede mostrar eso”.
Por su parte Miguel A. Cerantonio de La Cruz pidió que “se premie a los que andamos bien y se ayude a los que les va mal”.
En los fundamentos del proyecto se indica que en el servicio público de agua potable y desagües cloacales en las áreas no concesionadas por la Provincia se observa que “los resultados no son siempre los deseados, y que en ocasiones se lesionan los principios de igualdad, accesibilidad, continuidad y generalidad, que deben asegurarse en la prestación de un servicio de tanta relevancia”.
El expediente ingresó semanas atrás por la Cámara de Senadores y fue girado a las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Obras Públicas.
Algunos de los bloques presentes en el recinto adelantaron que votarán en contra de la propuesta de traspaso, otros indicaron que hay intensiones de modificar la norma.
Estuvieron presentes representantes de Loreto, Mantilla, San Roque, Sauce, San Miguel, Mburucuyá, Gobernador Virasoro, La Cruz, Itá Ibate, Concepción y Caá Catí, junto a ellos integrantes de la FECOSA y la FEDECOOP.
Todos los presentes consideraron la reunión importante pues se pudo escuchar de primera mano la situación de cada localidad.
El proyecto
En su artículo uno se transfiere a las Municipalidades “la gestión del servicio de captación, potabilización, conducción, distribución y mantenimiento de agua potable y el servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales y residuales en las localidades donde dicho servicio no se hallare concesionado”.
Además estas deben ceder y transferir “en el estado en que se encuentren, los bienes muebles, inmuebles y los derechos y acciones para cada una de ellas”.
Se indica además que la Provincia reserva para sí la titularidad del servicio, así como las funciones de planificación, estudios de fuentes de aguas, estudios de cuencas y ejecución de obras hidráulicas tendientes a satisfacer el interés general.
Se establece además que la Administración de Obras Sanitarias de Corrientes es el organismo encargado de realizar y llevar adelante los procedimientos necesarios para la firma de las actas acuerdos con los municipios para la transferencia de los servicios y bienes.
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