Fueron aspectos abordados por los concejales Miguel Fernández (UCR) y Julio Collado (FJpV) quienes con matices y también algunas críticas coincidieron en que la ley debe cumplirse.

Para Fernández, de todas las cosas positivas que tiene la ley “se ha aplicado muy poco” y consideró que el gobierno “ha perdido mucha energía en su pelea con Clarín”, en tanto Collado sostuvo que “la ley es buena” y dijo no tener dudas en cuanto a que “se dictará la constitucionalidad de toda la ley incluido el artículo 161”.

Tras recordar que desde la UCR se ha hecho “docencia” para informar sobre el tema, el concejal Fernández sostuvo que “hay una realidad incontrastable y es que la ley está en vigencia, fue votada en el Congreso y hace 3 años que fue promulgada, por eso no podemos discutir la ley o en todo caso como decía Kennedy la ley se podrá discutir pero hay que cumplirla”.

Al respecto consideró que “es una ley muy importante para la democracia y en tres años de vigencia se ha perdido mucha energía, creo que ha sido un error estratégico del gobierno en esta pelea con Clarín, como si el fondo de la cuestión fuera una batalla con este diario”.

Para Fernández, “de las muchas cosas que son positivas de la ley se ha instrumentado poco y nada” y dijo tener algunos reparos. “Hay una cuestión formal que es el texto de la ley y luego está la aplicación de la misma –agregó-, cuando uno lee la ley desde el punto de vista doctrinario uno acuerda en muchos puntos, por ejemplo que las cooperativas puedan acceder a licencias, la ampliación de contenidos locales, los organismos de control aunque en este tema muchos creemos que hay una fuerte injerencia del gobierno de turno en la regulación de los medios de comunicación audiovisuales, cinco de los siete miembros del AFSCA están fuertemente influenciados por el gobierno de turno”.

Pero más allá de las críticas que se le puedan hacer a la ley consideró que “hay que cumplirla”.

En cuanto a la dilación para la puesta en marcha de la norma, opinó: “Algunos podrán decir que por Clarín y otros por las presiones del gobierno a la Justicia” y al respecto señaló: “Se tarda tres años, porque la justicia se ve influida de manera espeluznante por el gobierno, si se recusan todos los jueces nadie puede administrar justicia”.

Y agregó: “Creo que esta discusión no debería darse en términos políticos, la Justicia tendrá que resolver esto, si es constitucional o no el art. 161, creo que finalmente esto lo resolverá la Corte Suprema para darle un corte definitivo y que se actúe de acuerdo a justicia, terminar de pelearnos por una cuestión ideológica, sin desconocer que en todos los gobiernos del mundo existen monopolios, corporaciones y lobbistas que tratan de sacar ventaja para eso es necesario un estado fuerte con una justicia independiente”. Finalmente pidió “cordura y mesura, ya que también puede haber monopolios estatales y al AFSCA hay que reclamarle equidad y transparencia”.

“Una ley buena”

Por su parte Julio Collado opinó: “Una cosa es la ley en sí y otra es toda la cuestión judicial, que son cosas muy distintas, la ley que hace tres años aprobó el Parlamento es buena, y creo que hay consenso incluso en ámbitos internacionales, porque la libertad de expresión está fuera de discusión”.

Sostuvo también que “la ley se centra en evitar concentraciones y las vinculaciones económicas para dar oportunidades a los distintos sectores y esto que es bueno, es de lo que menos se habla. Estamos hablando de una medida procesal transitoria que prohíbe una medida cautelar, un tema que va a pasar y sobre el cual habrá una resolución, respecto de un grupo empresario, ya que todos formularon sus propuestas de adecuación, pero hay un solo grupo que lo está resistiendo”, en alusión a Clarín.

“A mí no me preocupa la cautelar porque sé que la ley es buena y es constitucional y que tarde o temprano tendrá plena vigencia lo que me preocupa es que los intereses económicos pueden llegar a torcer el brazo a todo un sistema institucional”, remarcó.

Dijo al respecto que “si tienen esa capacidad de actuación nos dan la pauta de cómo pueden influir en políticas económicas y en las decisiones que tienden a la ampliación de derechos, y en varios campos más. La Corte será la que tenga que resolver, no tengo ninguna duda que se dictará la constitucionalidad de toda la ley, incluido el artículo 161”.

Asimismo consideró que “hay suficiente independencia como para dictar sentencias como las que se han dictado, como la de la semana pasada, incluso la propia Corte cuando ha sacado fallos bastante polémicos y discrepa con políticas del gobierno”.

Con respecto a la respuesta de la gente, Collado opinó que “hay sectores como la juventud o ligadas al arte y la cultura que están muy al tanto y otros que lo miran más distante. Pero la mayoría tiene en claro que hay un enfrentamiento entre poderosos, entre uno legítimo que es el Estado y otro de facto y económico, creo que esta visión es la que tiene la gente”.

Al respecto consideró que “esta misma confrontación se da en otros ámbitos como en la economía y incide directamente en la vida cotidiana de la gente, no solo qué contenidos puedo consumir en los medios sino que inciden en la tarifa de los servicios públicos, el valor del celular y de los alimentos, porque en todos estos ámbitos hay políticas del estado de redistribución de la riqueza y hay sectores que pugnan por sus propios beneficios que es legítimo en la medida en que respetan las leyes de la democracia y el bien común”.