En una sesión que abundó en chicanas, pero casi adoleció de preguntas incisivas técnicas, el Concejo Deliberante interpeló ayer durante casi tres horas al secretario de Ambiente municipal, Fernando Cámara, sobre la fallida licitación por la que la firma Innviron pretendía tratar los residuos de Córdoba y otros 16 municipios. Tal como lo habían dejado trascender el día anterior, ni el intendente Daniel Giacomino ni el presidente de Crese, Eduardo García, también citados por el cuerpo, aceptaron el convite. En su reemplazo, el intendente envió a Cámara, que recibió el respaldo simbólico de varios funcionarios que lo acompañaron al cuerpo (como la titular de Salud, Marcela Almagro) y escuchó los reclamos de los ediles por la ausencia de su jefe.

Aunque el evento era una excelente oportunidad para revisar en detalle la polémica licitación que terminó en fracaso, gran parte del debate se terminó consumiendo en facturas cruzadas, principalmente entre el juecismo y los representantes del oficialismo. En ese marco, en varios pasajes el duelo se concentró en forma personal entre Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, y Cámara: el primero –impulsor de la citación a Giacomino–, descalificó al titular de Ambiente como uno de los peores funcionarios de esta gestión, y recordó que pidió su renuncia. Cámara devolvió gentilezas enrostrando al juecista que fue la mano derecha de Giacomino y repasando las falencias de la administración Juez en materia de Higiene Urbana: sucesivas prórrogas de contrato a Cliba, aumento del 75 por ciento de su canon y pateo de la licitación.

Esa técnica del debate terminó operando en favor de Cámara, que casi no tuvo que lidiar con preguntas que lo dejaran sin argumentos.

Qué se reveló. En su presentación, Cámara defendió la licitación, insistió en que se ajustó a la ley y enumeró sus pasos. Así, reveló que a Innviron se le llegó a adjudicar condicionalmente el servicio, admitiendo que se llegó un paso más adelante de la preadjudicación hasta ahora siempre mencionada por Crese. El bloque de la UCR –el que planteó los interrogantes más precisos– preguntó las razones de esa preadjudicación, y Cámara la justificó por una necesidad administrativa: “Fue para poder conocer una oferta alternativa que había hecho Innviron, algo que le permitía el pliego. De todas maneras, la adjudicación siempre estuvo condicionada a que la firma cumpliera con los requisitos exigidos”, dijo Cámara.

Al citar las causas por las que se revocó la adjudicación, el titular de Ambiente señaló que Innviron no cumplió con los requisitos y que resultó imposible comprobar la verosimilitud de los certificados de antecedentes presentados por la empresa. Consultado por la UCR, reconoció: “Aún no puedo decir si hubo información falseada (por Innviron). Le pedí a Crese que evalúe si hubo falseamiento de datos; a mi parecer no”. Si esa práctica se comprueba, Crese debería retener los 500 mil pesos de garantía presentados por la norteamericana.

Graciela Villata (juecismo) le preguntó por qué al regreso de su viaje de Estados Unidos, él y Giacomino hicieron declaraciones respaldando a Innviron, para sólo horas después desactivar la licitación. “En Estados Unidos verificamos el impacto social de la gasificación, que Innviron había tramitado certificados ante autoridades y que gasificaba suelos empetrolados; pero cuando presentamos eso ante Crese se evaluó que esos antecedentes no encajaban en el nivel de exigencia del pliego”, justificó. Más tarde, y fuera del recinto, agregó: “El error fue plantear estándares que eran muy difíciles de cumplir, esta tecnología no funciona aún en América Latina, dijo.

Homónimo. Uno de los momentos de mayor voltaje político se dio cuando el radical Mario Rey cuestionó la licitación e increpó a Cámara sobre por qué se eligió licitar específicamente un sistema de gasificación. Cámara respondió que se evaluó que esa tecnología tenía el mejor impacto ambiental entre las promovidas por diferentes empresas ante el municipio, y le enrostró que una de las personas que les acercó iniciativas privadas fue Guillermo Medina (de la firma Ecohem), homónimo de un asesor de Rey en el Concejo Deliberante.

Rumores de renuncia. “Yo le ordené que fuera, me contestó que lo que le iban a preguntar ya lo había respondido por escrito, bueno, eso fue”, dijo ayer el intendente, Daniel Giacomino en un acto que compartió con el gober Juan Schiaretti en Villa El Libertador cuando se le preguntó por la ausencia del titular de la Crese, Eduardo García, en la audiencia que se llevó a cabo en el Concejo. Es que a esa hora, circulaban los rumores sobre un pedido de renuncia por parte del intendente hacia ese funcionario porque desobedeció la orden de asistir. Día a Día consultó anoche a Eduardo García, quien señaló que “nadie le había pedido su dimisión al cargo”. Y reiteró lo que dijo Giacomino: “Todo lo contesté por escrito”.

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Temen contaminación en el crematorio

Uno de los datos más reveladores brindados por Fernando Cámara en el debate de ayer no tuvo que ver con Innviron, sino con el funcionamiento del horno del cementerio San Vicente.

El titular de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba señaló que la decisión de la comuna es reconvertirlo a un sistema más moderno, puesto que considera que su método de incineración es “contaminante”.

Concretamente, la comuna estima que es posible que las emisiones del crematorio (que tiene 30 años) contengan niveles de dioxinas y furanos (elementos que pueden afectar la salud de las personas) por encima de los valores establecidos como tolerables en la normativa ambiental. “Estamos llamando a licitación para construir un nuevo horno, con sistemas de filtrado, tal como se usan en el presente”, dijo Cámara. Y vinculó la medida al cierre del horno pirolítico (donde se incineraban residuos patógenos) ordenados por esta gestión en el predio operado por Cliba en Bouwer.

Aunque en 1997 se estableció legalmente que deban medirse los niveles de dioxinas y furanos en ese incinerador, al año siguiente el municipio cedió la implementación de ese control a cambio de una ampliación del servicio de barrido.

“Cuando nosotros medimos las emisiones, comprobamos que estaban por encima de los niveles recomendados por ley, por eso cerramos el horno”, relató Cámara. Según dijo, en esa misma línea se inscribe la intención de reemplazar el incinerador de San Vicente.