El Poder Ejecutivo justificó públicamente el veto a la ley que fijó el 82% móvil para las jubilaciones, como un imperativo para evitar la quiebra del Estado. Pero gracias a sus propias recetas, ese riesgo hoy es menos amenazante de lo que hubiera sido en el pasado. Haber estatizado los activos que manejaban las AFJP (transfiriendo su renta al Tesoro) y permitir el uso de reservas para pagar deuda de acreedores privados, ayudó notoriamente a expandir el gasto público (las erogaciones primarias subieron casi 10 puntos del PBI entre 2003 y 2010).

El Gobierno tiene un modelo de reparto que es clave para su sistema de construcción de poder, y que pretende profundizar de cara a la elección de 2011. La oposición también da por sentado que con arrebatarle esa facultad le puede morder un capital electoral (nada menos que los jubilados). Por eso nadie se apura a hablar de financiamiento: los problemas vienen sin que los llamen.