Es que la razón que impulsa este apresurado debate no es económica, sino política. En los hechos, siempre ha sido así. Y es por eso que la coparticipación se transforma en una asignatura que pasa de una administración a otra sin encontrar una respuesta que sea válida para todos los actores involucrados.

Para un país al que le cuesta pensar una estrategia fiscal de largo plazo, el hecho de que los fondos que se reparten la Nación y las provincias estén en permanente discusión tiene que ver con la percepción de que la emergencia está a la vuelta de la esquina. En consecuencia, cada reforma está hecha sobre las necesidades de la crisis previa, y los cambios son pensados como un dique de defensa que sirva para la próxima crisis.

Es cierto que la mayoría de los esquemas de reparto han sido convalidados antes de un cambio de gobierno (como lo marca la ley de 1988 y el pacto fiscal de 1999). Con un gasto creciente tanto en el nivel federal como provincial, el objetivo hoy es asegurarse su financiamiento. Equilibrio, racionalidad, premios y castigos, son palabras ausentes estos días.