La aparición de la lúcida voz del reconocido juez platense Carlos Rozanski resultó saludable en el contexto del debate que sigue generando el Caso Carla Figueroa, no sólo porque describió una visión de la problemática a partir de argumentación y fundamentaciones, sino porque su exposición no fue, ni por asomo, el planteo de la corporación judicial.

La consecuencia fatal del avenimiento otorgado por dos jueces del Tribunal de Impugnación Penal generó un debate en distintos ámbitos, y así como obligó a algunos legisladores a revisar todo lo que no se había hecho en ese nivel, también puso en el centro de la escena a los magistrados que aplican una figura arcaica y que contradice los pactos constitucionales.

Por esa razón el juez Carlos Flores aparece sentado en el banquillo, luego de haber adoptado la decisión de defender el papel que cumplió, a contramano del juez Gustavo Adolfo Jensen, quien prefirió huir por la ventana, aprovechando la opción de presentar la renuncia y retirarse de su cargo sin dar las explicaciones del caso.

Flores tiene argumentos para sustentar su decisión, según él mismo ha difundido, y tal como ya se ha escrito en estas mismas líneas sería enriquecedor que los integrantes del jury puedan analizar la situación alejándose de las presiones y lobbys que han aparecido tanto desde el propio Poder Judicial como desde la escena mediática.

En ese sentido, no puede ignorarse que tanto Rozanski durante la semana que se fue como Raúl Zaffaroni a poco de ocurrido el asesinato de Carla Figueroa, marcaron cuál es el camino a seguir por la Justicia si es que quiere “aggiornar” su funcionamiento no sólo a los tiempos que corren, sino también a la letra de la Constitución que adhiere a determinados pactos internacionales.

Aunque también han sonado las voces de otros jueces que opinaron en sentido contrario, lo hicieron sin desplegar demasiadas argumentaciones: Tomás Mustapich (STJ), por ejemplo, soltó algunas frases que dieron la sensación de que desde su interpretación exculpaba el accionar del juez Flores y se animaba a justificar la decisión que terminó en drama, pero no lo hizo con explicaciones suficientes como para convencer interlocutores.

Flores está acusado a partir del planteo que hicieron ante la Legislatura diversas agrupaciones que defienden los derechos de la Mujer, y que conciben que el accionar de los magistrados que permitieron la libertad de Marcelo Tomaselli lejos estuvo de ser una protección de la víctima y más bien fue como “entregarle un cuchillo al asesino”, según la metáfora de Rozinski.

El juez bajo la lupa tiene derecho a defensa y al pataleo: puede, entre otras cosas, insistir en que no es la primera vez que se otorga un avenimiento en La Pampa, y sin embargo antes nadie reaccionó porque no hubo un escándalo fatal que impactara y conmoviera.

Podrá tener razón en ese sentido, pero también es verdad que para todo -más cuando se trata de conquistar y aplicar derechos- hay una primera vez, y esta circunstancia extraordinaria, ya de por sí fatal, podría al menos tener como enriquecedora consecuencia dejar sentado el antecedente de que avenimiento, nunca más.

...y una de arena...

Tal como se preveía, la mentada audiencia de conciliación a la que llamó el gobierno provincial a los docentes -desde lo formal, en el marco de la paritaria- resultó un fiasco que cualquiera podía adelantar sin demasiado esfuerzo de análisis, ya que el oficialismo había sacado a la luz a algunos funcionarios anunciando que no había nada nuevo bajo el sol y que no llevaría ninguna mejora en la oferta realizada.

Con lo cual el gobierno no hizo más que recalentar un clima que ya de por sí estaba tenso y agitado, y encontró respuesta demasiado rápido: un contundente paro de 48 horas y la certeza generalizada de que, aún con algunas razones de su lado, la torpeza gubernamental es tal que en el lugar donde tiene que aparecer para brindar soluciones no hace más que generar nuevas y más intensas rispideces.

Estas líneas, durante la semana pasada, ya fueron insistentes respecto de los matices que hacen al conflicto docente y la serie de cuestiones que es necesario tener en cuenta cuando se discuste acerca del sistema educativo, que no sólo está compuesto por el salario de los docentes, sino por proyectos de mediano y largo plazo y otros actores, algunos incluso tan o más importantes, como los estudiantes.

Pero en este caso puntual el gobierno actuó del modo en que suele hacerlo frente a otras problemáticas que, aunque prefiere que le pasen por el costado, tiene que afrontar y resolver, porque de eso se trata un gobierno, y porque de lo contrario puede quedar la sensación de que algunos funcionarios tienen 3 meses de vacaciones o trabajan sólo 4 horas al día.

La audiencia “conciliatoria” fue un fracaso y cuesta interpretar otra cosa que no sea que el gobierno metió la pata, al menos si de verdad está buscando un consenso, que no necesariamente tiene que ser la salida que los gremios plantean, pero que al menos debe ser discutida entre las partes, tal como ha ocurrido en las provincias que llegaron de esa forma a un acuerdo para evitar las medidas de fuerza.

El mismo inconveniente tiene el oficialismo para sentarse a discutir con otras ramas de los trabajadores estatales, y esa lógica no es otra que la que impone el gobernador Oscar Mario Jorge, que maltrata la idea de una paritaria, cuando en realidad no sólo es el mecanismo más democrático y sencillo para abordar estos temas, sino el que ha sido peticionado por legisladores de su propio partido y -sobre todo- el que ha sido puesto en vigencia por el gobierno nacional después de los largos años de ninguneada neoliberal.

Esa manía casi obsesiva por negarse al diálogo también resalta en otro problema que el gobierno ha ido agigantando con su empeño: la construcción del Centro Cultural Medasur en el espacio verde del Parque Caídos en Malvinas podría ser resuelta sin demasiados trámites, a partir de una discusión seria y sensata en la que las partes afectadas e interesades fijen una posición.

El gobierno, en cambio, se deja llevar más por los caprichos que por argumentaciones atendibles y que puedan convencer a propios y extraños.

Esa metodología se transforma en un “bumerán” para el oficialismo, pero además encierra el riesgo del derrape, tal como queda demostrado en actitudes que bordean el absurdo o que permiten la interpretación de que se busca un “apriete” a la jueza que le tocó en suerte analizar el expediente.