La imagen que se viene a la mente es la de un paciente rodeado por médicos que arriesgan una cura para un mal tan temido como conocido y de cuyo diagnóstico nadie duda. Sólo que en este caso el éxito del remedio aplicado no afectará sólo a una persona, sino que permitirá vivir mejor a 40 millones de habitantes, aquejados por el aumento sostenido y generalizado de los precios, que se resume en una sola y aterradora palabra: inflación.

El síntoma que más preocupa por estos días es el aumento de un 35% en el precio de la carne, plato predilecto en la mayoría de las mesas argentinas. Pero no es el único, ya que prácticamente ningún producto de la canasta queda a salvo de la remarcación. La inflación de enero ha sido la más alta en ese mes desde 1992 y, según estimaciones privadas, llegó a superar el 2%, más del doble que el 1% informado el viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La de febrero ya tendría un piso de 1,5 por ciento. En alimentos, fundamental para determinar el nivel de pobreza e indigencia, puede ser el doble.

A contramano de lo que opina la mayor parte de los economistas consultados por LA NACION, el médico de cabecera, el Gobierno, parece empeñado en ratificar su tratamiento y delegar gran parte de él en las manos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Partidario de un acérrimo control de precios, del reparto de subsidios y de la restricción de las exportaciones, el polémico funcionario lleva adelante desde hace casi cuatro años las negociaciones que involucran a los precios y servicios de primera necesidad. El jueves último tuvo un nuevo espaldarazo cuando desde la Casa Rosada ratificaron su modus operandi.

En el lado opuesto, la ortodoxia económica sostiene que así no sólo no se baja la fiebre, que sería apenas un pequeño paso en una curación más integral, sino que se la aviva todavía más y se conduce a un colapso que afectará todas las áreas de la economía, hasta hacer imposible, por ejemplo, el pago de la deuda. Pero ¿qué se propone desde la otra vereda? Una estrategia de pinzas que ataque a la inflación de dos formas: una coyuntural y otra estructural.

En el primer caso, opinan, debería transparentarse el Indec, para que la gente vuelva a creer en las estadísticas, y crear un sistema de target de inflación ( inflation targeting , en inglés) para que la población sepa a qué atenerse y tenga certezas sobre qué reclamos salariales habrá que encarar, qué costos se deberán enfrentar y qué tasas de interés fijarán los bancos. "Este es el punto de partida, que se puede acordar en una semana", dice Osvaldo Cado, economista de Prefinex.

Para Eduardo Curia, estos dos puntos están íntimamente relacionados, ya que no se puede tener una meta de inflación confiable, si se carece de un barómetro creíble que mida ese índice. "Ya vamos cuesta arriba, porque habría que dar una respuesta segura con el instrumento del Indec", opina el economista.

La segunda pata, la estructural, exige dar un marco de mayor previsibilidad a las empresas de sectores clave de la economía, como energía, transporte y comunicaciones, y delinear una política cambiaria, fiscal y monetaria consistente.

Si las medidas coyunturales parecen improbables para la actual administración, las que hacen al mejoramiento "macro" de la economía se presentan como imposibles, por una sencilla razón: van en contra de sus más férreos postulados, que implican tarifas congeladas, subsidios millonarios y gasto público exorbitante. Pero, como dijo José Luis Espert: "Usted me pregunta qué es lo que se debería hacer, no lo que hará este gobierno". Y lo que se debería hacer, para él, es aplicar la "misma receta que sirve para todos los males que genera el populismo", que es achicar el gasto público y hacer un ajuste fiscal. "Como mínimo, se necesita un congelamiento del gasto en el nivel actual, que es récord histórico, y un ajuste de las tasas de interés."

Los $ 273.000 millones que figuran en el presupuesto 2010 imputados a gasto público sugieren que ajustar la billetera no es precisamente una prioridad para el gobierno de Cristina Kirchner. Tampoco lo fue para el de su esposo, Néstor, que aumentó el gasto en cada año de su gestión. Por otra parte, cómo pensar en un recorte del gasto cuando sus principales componentes son subsidios, salarios y seguridad social. "Esta solución no la va a tomar el Gobierno antes de 2011, pero sería la medida que aplicaría alguien sensato", acota Cado.

La cuestión de las tarifas es, para muchos, la madre de todas las batallas que se deben librar para combatir una espiral inflacionaria, ya que de su reacomodamiento depende que las empresas prestatarias de servicios públicos recobren rentabilidad y previsibilidad en sus negocios y se vean incentivadas a invertir en sectores neurálgicos de la economía. Así, se mejoraría la oferta, se satisfaría la demanda y se aplacaría la tendencia a la alza de los precios.

El ajuste de tarifas también permitiría reducir el gasto público, porque ya no serían necesarios los subsidios, que hoy compensan a las empresas pero no les dan previsibilidad para el futuro y, por lo tanto, no azuzan la inversión. Otra vez surge la duda: ¿lo hará el Gobierno, cuando gran parte de su poder está atado a estas dádivas?

"Si quisiera hacerlo debería promover acuerdos amplios que incluyan al Poder Ejecutivo, al Congreso, a asociaciones de consumidores y a empresas, porque de lo contrario no se sostienen en el tiempo", sugiere Cado. "Estos pactos deberían fijar una desregulación gradual que dé previsibilidad en los precios a cambio de inversiones estratégicas. Incluso, en ciertos casos, como el petrolero, se podrían encarar proyectos de tenencia mixta (pública y privada), lo que aliviaría el frente fiscal."

Otro acuerdo que sería conveniente fomentar debería tener como protagonistas a sindicalistas y empresarios. De él tendría que surgir un consenso en cuanto a precios y salarios. Pero también este objetivo está ligado a la política fiscal y monetaria imperante. "No se le puede pedir a un empresario que baje los precios y a un sindicalista que no reclame demasiado, si como gobierno no se hace nada", razona Fausto Spotorno, de Ferreres y Asociados.

En efecto, ni una cosa ni la otra suceden hoy en la Argentina. Entre noviembre de 2009 y enero de 2010 la inflación minorista mensual fue en promedio de 1,5%, lo que implica un aumento anual de casi un 20%. Esta suba va más allá de un simple reacomodamiento de precios, como arguye la Presidenta, ya que en el último semestre el 60% de los rubros que conforman el IPC mostró subas.

La puja salarial, en tanto, no da mejores señales: los gremialistas, ya sean aliados o enemigos del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, no necesitaron que éste reconociera que los precios subieron, como dijo el martes, para pautar con anticipación mejoras salariales en la forma de bonificaciones o incrementos no remunerativos que luego se incorporarán al sueldo. Además, el promedio de aumentos que pedirán oscilará entre el 20 y 25 por ciento.

Precios y salarios son, justamente, las dos patas en las que Miguel Bein sustenta su medicina para el mal inflacionario. Más cercano a las ideas del Gobierno, el economista explica que en un país donde los sueldos aumentaron un 18% anual en los últimos tres años -lo que está muy bien, aclara- siempre va a haber un piso de inflación de 15 por ciento.

Su receta es frenar la inercia y bajar la nominalidad de los acuerdos salariales y, además, consensuar un tope para los precios. "Porque si todo se acomoda a la inflación pasada, como viene sucediendo, se fija un piso inflacionario que no se puede atacar con política monetaria", afirma.

Lo mismo tratará de explicarles Moreno a los empresarios de la carne con los que se reúne cada viernes desde hace dos años, en el 2° piso de Diagonal 631, donde funciona la Secretaría de Comercio. Y otro tanto, quizás, hará con otros sectores de consumo masivo, como supermercadistas y comerciantes en general.

No hay, en cambio, un Moreno para los salarios. Las negociaciones paritarias empezarán el mes próximo con los metalúrgicos, los bancarios y la Uocra. El partido allí aún no comenzó. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que la tarea del Gobierno "está dirigida a mantener la capacidad adquisitiva de los salarios" y denunció a los sectores "que están moviendo los precios".

La puja distributiva es saludable, comenta el economista Enrique Dentice, porque aumenta la demanda y eso siempre es bueno. Pero agrega que al mismo tiempo hay que tener previsibilidad de lo que va a invertir el Estado en infraestructura, energía y transporte, para pensar en cómo va a estar la economía y poder adaptar la producción al nuevo escenario.

Hasta ahora, el Gobierno trata de evitar la puja distributiva manteniendo constante el precio del dólar en $ 3,86, como única ancla antiinflacionaria. Esta política es, según el ex secretario de Hacienda Mario Brodersohn, inconsistente con una inflación en torno del 20% anual, porque vuelve a introducir el peligroso escenario del atraso cambiario.

¿Cuál es su receta?, quiso saber LA NACION. "Para atenuar las presiones inflacionarias por el lado de la demanda, se debería recuperar el círculo virtuoso que tuvo el país desde 2003 hasta 2008, con un superávit primario de 3% del PBI, a fin de asegurar la sustentabilidad del crecimiento económico", respondió. "Por desgracia, ya en 2009 reapareció el déficit fiscal, que será mayor en 2010", añadió.

Ajuste de tarifas, fomento de la inversión, eliminación de subsidios, disciplina fiscal, acuerdos de precios y de salarios, saneamiento del Indec, política monetaria ordenada y reglas claras que permitan aumentar la producción son algunas de las recetas para sanar al paciente. Mientras, la fiebre sigue en aumento.