Tucumán se convirtió ayer en el punto de inicio para una serie de foros que se proponen analizar las diversas posturas suscitadas en torno a la iniciativa de la administración kirchnerista en declarar de "interés público" la fabricación, distribución y comercialización de pasta de celulosa que utilizan los medios gráficos de todo el país, cuya potestad se encuentra digitada por el empresa Papel Prensa.

De esta forma, se llevó a cabo la disertación plural denominada "Papel, Prensa y Participación" en la cual tuvo lugar la exposición del ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, quien detalló los lineamientos centrales que fundamentan esta normativa (ver página 2). La cual, más allá de perseguir una tendencia democratizadora en la labor y funcionalidad de la prensa escrita, se inscribe en la tenaz disputa que mantienen la Administración Central con las principales entidades periodísticas como Clarín y La Nación.

A la reunión no faltó casi nadie del poder político comarcano ya que pudo verse a figuras del gabinete de gobierno, legisladores oficialistas y funcionarios municipales, como también directivos de periódicos de la región del NOA, entidades gubernamentales, sindicatos afines a la actividad y organizaciones civiles y sociales.

En este sentido, el primero que tomó la palabra, en función de anfitrión del invitado especial enviado por la presidente Cristina Fernández, fue el mandatario provincial José Alperovich.

Su alocución, más que nada, estuvo centrada en exaltar las virtudes y políticas adoptadas por la figura presidencial en materia de articulación en el mapa comunicacional que ostenta hoy en día la República. Así, enmarcó el proyecto en cuestión en un contexto de "recuperación democrática y de vigencia plena de las instituciones" al tiempo que aclaró que el caso de Papel Prensa "fue un reclamo que data desde hace años por parte de aquellos sectores del periodismo gráfico que soportan las prácticas monopólicas".

Democracia en mora

En tanto, Alperovich destacó que debe insertarse un nuevo esquema de negocios en torno a la venta de papel de diarios que posibilite facilidades de acceso al mismo para la totalidad de empresas periodísticas en una igualdad de condiciones. "No hay, ni puede haber verdadera democracia sin posibilidad de difundir y recibir información diversa con intercambios de opiniones e ideas".

Así también, el gestor de la cosa pública local resaltó que "el monopolio del papel de diario es una de las herencias de la dictadura militar y una de las cuentas pendientes de la democracia que debemos empezar a saldar".

Cabe resaltar que la discusión de este polémico tópico surge luego que el Gobierno denunciara a los accionistas de Papel Prensa (La Nación y Clarín) de adueñarse de la compañía en condiciones aparentemente ilícitas pues habrían incurrido en amenazas y extorsiones a sus dueños anteriores (Familia Gravier) durante la época del último proceso militar.

Además, en el aspecto meramente económico, se sostiene desde la Casa Rosada que los dos medios nacionales nombrados obtienen facilidades y privilegios al momento de la compra del insumo, mientras que se vendería este papel a un precio mayor a los restantes medios del interior del país.

El proyecto

Se establece que la producción, comercialización y distribución del papel de diario es una actividad de interés público.

Se dispone que será el Gobierno nacional el que enviará a una Comisión Bicameral, un proyecto de marco regulatorio para la actividad basada en materia prima nacional. Además, el abastecimiento será en condiciones igualitarias, asegurando el respeto de la igualdad en los precios.

Se promueve la creación de un Consejo Consultivo Federal, integrado por representantes de los diarios de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país.