El concejal Gustavo Álvarez, del PI, refirió las numerosas irregularidades de la concesión y de la adjudicataria del servicio urbano, al tiempo que detalló datos a su entender contradictorios, entre los balances de la empresa y los comprobantes presentados. Sostuvo, “la concesión está entonces hay que arreglarla, pero no se puede arreglar sobre la base de tapar lo que está mal”.

En este sentido, consideró que debe impulsarse la auditoría y, tal como establece la licitación, debe hacerla el Ejecutivo Municipal.

Por su lado, la referente de Coalición Cívica, Victoria Wright, detalló las irregularidades declaradas por las empresas a la Secretaría de Transporte de la Nación. La dependencia nacional deriva en el Municipio el poder de control: “lo que tiene que denunciar el municipio al Estado Nacional es la recaudación en pesos de las empresas a partir de los balances y las unidades afectadas al servicio. Tiene carácter de declaración jurada para que le otorguen los subsidios a las empresas”, detalló la concejal. Y arremetió, “lo único que nos interesa es que se haga una auditoría y que no la haga el Ejecutivo. Aquí el Ejecutivo ha sido cómplice o ha sido ineficiente. Cualquiera de las dos cosas yo no lo voy a perdonar. Hablamos de un millón y medio de recursos”, resumió.

Tras las exposiciones de los concejales, se pasó a votación de los dos proyectos –el decreto de rechazo de la suba y la resolución para que se haga el estudio de costos y la auditoría- que terminaron con la expresión del público que en gran cantidad siguió atentamente el debate sobre el tema. Las banderas se agitaban al ritmo de los cánticos que pedían que no aumentara el boleto de colectivo y en contra de Julio Alem, el concejal quien es también representante legal de las empresas de colectivos y quien se había retirado de la sala minutos antes de la votación.