Liberales, socialistas, capitalistas, conservadores o progresistas. Son muchas y cada vez más las aristas por las que se inclinan quienes quieren hacer política. Pero lo cierto es que todos pretenden, o al menos así indica la teoría, dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Pero a la hora de convocar funcionarios para ocupar cargos públicos, hay un punto que genera ruido y por el cual algunos deciden declinar: el salario.

Actualmente Celso Jaque cobra 12.211 pesos de bolsillo, mientras que un ministro percibe 10.680 y un subsecretario 10.080. El sueldo del gobernador, por ley, se fija considerando un básico equivalente al doble del asignado a la clase 13, a lo que se suma el adicional por tiempo completo. El salario de los funcionarios y legisladores sale de una escala fijada en base a porcentajes de lo que cobra el jefe del Ejecutivo.

La pregunta lógica es si se trata de un sueldo adecuado para compensar el trabajo y la dedicación, y a la vez garantizar la honestidad de un gobernante; pero también para que sean los más capacitados los que acepten entrar en carrera. Del otro lado de la vereda están quienes defienden la postura de que la política es una búsqueda del bien común y por eso quienes se dedican a ella deben resignar sus pretensiones económicas mientras ocupan cargos públicos.

El mercado laboral muestra realidades contrastantes: un CEO de una empresa privada cobra entre 30 mil y 50 mil pesos y un miembro de la Suprema Corte de Justicia 30 mil. Por esto la pregunta lógica es si está bien que quien maneja un presupuesto anual de 12 mil millones de pesos y tiene en sus manos los destinos de más de 1.740.000 mendocinos cobre 12 mil pesos.

Ahora, ¿debe un político con vocación de servicio percibir lo mismo que un privado cuando los salarios de los estatales vienen deprimidos desde hace años y la provincia muestra un presupuesto deficitario?

Los Andes intentó conocer la opinión del Gobernador acerca de la pirámide salarial que hoy marca los salarios de sus funcionarios, pero Celso Jaque consideró que no era oportuno opinar. El mandatario anunció allá por 2007, cuando triunfó en los comicios, que enviaría a la Legislatura una nueva ley de Sueldos para reordenar la compensación estatal, pero nunca lo concretó.

Quienes sí accedieron a dar a conocer su opinión fueron los referentes de los principales partidos políticos que aspiran a la gobernación. Así Francisco Pérez (Frente para la Victoria), Roberto Iglesias (UCR) y Luis Rosales (Compromiso Federal) mostraron inclinaciones disímiles.

Para Pérez, el tema tiene que ser discutido pero buscando el momento oportuno porque hoy la provincia muestra un presupuesto deficitario. "Hay que discutir una nueva ley de Sueldos que fije una pirámide salarial para los tres poderes porque a la hora de buscar recursos humanos, el salario resulta una de las claves", soltó.

Quien comandó la cartera de Infraestructura durante casi cuatro años sabe bien que es un corset para conseguir técnicos. Él lo sufrió cuando a más de cinco meses de haber asumido no lograba armar su cartera y cuenta que se buscaban perfiles altamente capacitados para direcciones complejas, pero cuando se les ofrecía el sueldo, los tentados daban una negativa rotunda como respuesta argumentando que ganaban entre dos y tres veces más en el sector privado.

“Quien tiene una profesión liberal como un ingeniero civil o un abogado gana mucho más de lo que se les puede ofrecer en el Estado, además les pedimos un 100 por ciento de dedicación y ellos lo saben”, comentó. Sin embargo, el candidato a gobernador oficialista sabe de las restricciones y asegura que a la hora de pensar en una nueva ley de Sueldos hay que revisar los fondos disponibles.

“No podés poner en riesgo un Estado para aumentar los salarios de los funcionarios”, recalcó. Pérez, quien frenó la intención oficialista de modificar el sistema de recaudación, admitió que la salida viene de la mano de una nueva política fiscal y tributaria para la provincia.

A la hora de arriesgar números, se mostró cauto aunque remarcó que el gobernador debería ganar una suma similar a la de los ministros del máximo tribunal de Justicia, que hoy perciben salarios de hasta 30 mil pesos. Eso sí, marcó que esa equiparación debe ser de manera paulatina, tal vez anualmente.

Una postura absolutamente enfrentada mostró el radical Iglesias. Según su criterio, el sueldo del gobernador debe ser acorde a los del resto de la administración pública. “Los sueldos de los políticos siempre han padecido esta situación y todo aquel que entra al Estado lo sabe, por eso si no lo hacen por vocación que no lo acepten”, respondió.

El ex gobernador, candidato a ocupar nuevamente ese puesto, aseguró que no tiene miedo a padecer la negativa de los profesionales al momento de efectuar una convocatoria. “Que se dediquen a otra cosa si no están conformes con lo que el Estado les puede ofrecer”, marcó.

A la hora de mostrar su disposición a enviar a la Legislatura una nueva ley de Sueldos, aseguró que sólo lo haría si ésta fuese consensuada con todos los sectores. Para él sería una situación engorrosa, teñida de disputas, que sólo se puede superar si las cuentas de la provincia se muestran holgadas.

Para Iglesias, que haya médicos que cobren 30 mil pesos no es una razón suficiente para que se equipare el sueldo del gobernador. “Son acuerdos sectoriales pequeños y en algunos casos se trata de derechos adquiridos que habría que revisar”, admitió.

En el medio se ubicó el candidato de Compromiso Federal. Para él, el salario que se puede ofrecer a la hora de convocar funcionario, es un limitante pero lo que es más preocupante es si estos sueldos se disfrazan con ítems no conocidos. Rosales dice que los sueldos de mandatarios de otras provincias son más altos, sin embargo remarca que el presupuesto es escaso y por eso hay que revisar las cuentas de la Provincia antes de tomar una decisión.

“Para hacer grandes transformaciones, hay que convocar a los mejores talentos y si bien estos tienen que tener algún grado de servicio, hay que tener en cuenta que van a pretender buenas remuneraciones”, asumió.

Rosales se mostró reticente a la hora de señalar un monto para el sueldo del gobernador, sin embargo dio una aproximación. Si no hubiera restricción presupuestaria, consideró que un gobernador debería ganar lo mismo que un miembro de la Suprema Corte de Justicia.