El 91 por ciento de la población mayor de 65 años cobra una jubilación. El 80 por ciento, la mínima. El 44 por ciento de los recursos del sistema previsional no proviene de los aportes: más del 60 % no los hace. Para un trabajador de mediana edad mirar hacia el futuro provoca escozores. La sustentabilidad del sistema es precaria, hay unos 450.000 fallos contra Anses en espera de sentencia firme y más de dos millones de jubilados en condiciones de iniciar un expediente en Tribunales. La vejez sigue siendo un tembladeral en la Argentina, a pesar de decisiones valorables como las moratorias previsionales y el regreso al sistema de reparto contra la capitalización neoliberal y rayana en la rapiña de las AFJP.

Las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) son uno de los pocos números medianamente serios con los que se puede contar en tiempos de dibujo y desconfianza. El informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, al que EL POPULAR accedió en su totalidad, acaba de conocerse. Y más allá de las consideraciones de sus firmantes, se desprende de las cifras el claroscuro del sistema de solidaridad previsional, las graves consecuencias de los altos porcentajes de trabajo en negro que subsisten, el peligro de la utilización de los fondos de Anses con otros objetivos que no son el respaldo de las futuras jubilaciones y, a la vez, el desamparo en que se sumía a vastos sectores de la población con la privatización de las jubilaciones puesta en marcha por el menemismo y desactivada por el kirchnerismo después de la derrota de 2009.

Universalización

Entre 2003 y 2009 las jubilaciones mínimas habían aumentado un 48%, a partir de una redistribución interna del sistema jubilatorio propiciado por las gestiones kirchneristas. La recomposición de las mínimas se logró a partir del achatamiento del resto que llegó a bajar un 0,2% en términos reales, en lugar de aumentar durante esos seis años. Así lo analizó el periodista económico Maximiliano Montenegro. Es que los haberes más altos fueron licuados por la inflación y están tan lejos de los aportes que cada jubilado realizó durante 30 años que desde 2002 se produjo una oleada de juicios contra Anses, agregados a los que resquebrajan la infraestructura edilicia de los juzgados desde los 90.

El famoso caso Badaro, que desde hace años se presenta como jurisprudencia, implica que la Corte Suprema dictaminó una suba del 88 por ciento a un jubilado a partir de la evolución salarial durante el período de la presentación.

La universalización del sistema, llamado también de "solidaridad" y más comúnmente "la jubilación para las amas de casa" -que en rigor es mucho más amplia- generó una multiplicación de la necesidad de recursos: millones de personas que nunca habían aportado o que, con una edad ya avanzada, no totalizaron la cantidad de aportes necesarios, se jubilaron con la mínima. Durante una cantidad determinada de años debían pagar la deuda a través de una moratoria, lo que determinó que los expulsados y precarizados durante dos décadas por el modelo de los 90 se salvaran de una vejez en la indigencia. Sin embargo, la solidaridad a expensas de las jubilaciones más altas generó convulsiones de descontento y condena a quienes "nunca aportaron y se jubilan igual". Haciéndolos culpables socialmente de aquello que se les negó desde el mismísimo estado. En su época de trabajadores, la mayoría de estos jubilados transcurrió la vida en negro, sin obra social y sin aportes. Su ancianidad se encaminaba inexorablemente al container de los desechos si no existía una intervención del estado en ese sentido.

Sin embargo, la utilización de los fondos de Anses -una vez desintegradas las AFJP- para respaldar programas de gobierno que nada tenían que ver con el futuro de millones de trabajadores, la ampliación explosiva de beneficiarios y la escasez de aportes hace temblar el sistema jubilatorio y pide a gritos una gestión de mayor responsabilidad para que la vejez no siga siendo un territorio habitado por la intemperie.

En negro

Hoy por hoy, el 91 por ciento de los mayores de 65 años cobra jubilación. El 58 por ciento son beneficios sin haber aportado. Ocho de cada diez -según el informe de la UCA- cobran la mínima de 1.434 pesos que, a pesar de los dos aumentos anuales instituidos por el Gobierno no alcanzan para una etapa de la vida con múltiples necesidades y creciente soledad.

"La baja tasa de sustitución del haber previsional con respecto al salario", como lo define el estudio, implica que la gran mayoría no percibe haberes en consonancia con lo aportado: ninguno supera el 60% de lo que cobraría en actividad. Ante su insuficiencia para la vida, muchos jubilados, en condiciones todavía de asumir tareas activas, ocupan puestos de trabajo precarios que siguen beneficiando a empresas dispuestas a negarse al registro laboral.

Con 450 mil fallos pendientes de resolución y 2.200.000 jubilados en condiciones de iniciar juicio, Anses pisa terreno cenagoso.

En 2010 el sistema previsional contaba con 8,5 millones de aportantes y pagaba 5,8 millones de jubilaciones. Un trabajador y medio por cada jubilado. Hay siete millones de trabajadores, entre asalariados y cuentapropistas -calcula Montenegro-, que no hacen ningún tipo de aporte.

En pocos años más el sistema puede colapsar: los gobiernos que vengan -según el nivel de sensibilidad- deberían reabrir moratorias para incluir a aquellas multitudes que hoy se mueven en un mercado laboral marginal por decisiones ajenas en la mayor parte de las veces. Y no por irresponsabilidad.

Es el Estado el que debe garantizar la vida: acabar con la naturalización de un 35 % de trabajo en negro es restaurar la dignidad de quien trabaja y construir un camino de modesta esperanza para la vejez destituida, esa vejez que lejos de ser la sustancia del tiempo, el libro de la vida que fue, se vuelve carga sin rentabilidad.