La testigo contó que en una oportunidad accedió a esos legajos y le llamó la atención lo minucioso de cada informe. “Me encontré con carpetas con todas las calles de la ciudad ordenadas alfabéticamente y en las que se detallaban cada una de las familias en cada cuadra; lo sorprendente fue cuando llegué a la dirección de mi domicilio y me encontré con que había informes de cada uno de los integrantes de mi familia y las actividades que realizábamos cada uno de nosotros”, narró.

En ese contexto, el fiscal Gustavo Gimena explicó que “esos archivos de espionaje, de vigilancia, solamente decidida por la policía y parte del Ejército sin intervención de ningún juez, fue una práctica habitual en Santiago de los 70”.

“Es una derivación de la formación burócrata y archivística de las fuerzas de seguridad en nuestro país y me atrevo a decir en todos los países latinoamericanos; si uno ingresa a un archivo militar o policial es totalmente minucioso y pormenorizado de lo que están investigando; el grave problema de esto es cuando se lo usaba para violentar los derechos humanos”, precisó.

Por su parte, el abogado querellante Héctor Carabajal, sostuvo que “estos legajos son una prueba tremenda a favor de la acusación porque constan los seguimientos a los que eran sometidas las víctimas, los operativos de allanamientos y quiénes trabajaban, cómo eran conjunto los operativos con el Ejército”.

Asimismo destacó que “hoy es gracioso escuchar a Bustamante, uno de los imputados, que se defiende argumentando que él trabajaba como custodio de la gobernación, cuando en los mismos legajos del DIP figura su participación directa”.