Además se le solicita al gobernador que arbitre los medios a su alcance para que un plazo no mayor a 30 días corridos se eleven a la Legislatura los proyectos de leyes marco definitivos para la regulación de la actividad hidrocarburífera y la actividad minera en el territorio provincial a los efectos de poner en consideración de esta Cámara el sometimiento de éste último a consulta popular vinculante.

En los fundamentos los diputados establecen que la sociedad se ha visto movilizada por ese proyecto de ley que combina en una misma norma el marco regulatorio de dos actividades productivas que comparten algunos aspectos que las vinculan fuertemente como el ser actividades extractivas por naturaleza, pero que se distancias en otras no solo de carácter sino con una fuerte impronta social-cultural.

Indican que las actividades mineras e hidrocarburíferas comparten algunos aspectos propios de sistemas productivos extractivos como obtención de recursos naturales no renovables del suelo mediante el uso de tecnología adecuada y con un alto consumo de agua y energía. Sin embargo difieren fuertemente no solo en las estrategias de extracción y el uso de agentes químicos auxiliares, sino por sobre todas las cosas en el consumo de agua y por sobre todas las cosas en la percepción social de la actividad.

Convivencia social

Explican que mientras la extracción de algunas rocas y minerales es una actividad productiva relativamente reciente para Chubut, la hidrocarburífera se remonta a principios del siglo XX con el descubrimiento del petróleo en la actual ciudad de Comodoro Rivadavia. Desde entonces la extracción de petróleo y gas ha evolucionado en técnicas y tecnologías, al igual que las regulaciones de estas actividades, a los efectos de lograr la convivencia social armónica de este rubro productivo y la preservación del ambiente y la biodiversidad.

Sostienen que el desarrollo de esta actividad ha dejado un significativo pasivo ambiental y social muy difícil de subsanar, no solo por los aspectos presupuestarios que implica, sino por lo complejo que resulta remediar las componentes sociales.

Es por eso, expresan los diputados que la provincia necesita contar en corto plazo con un marco regulatorio que permita encuadrar los recursos, políticas y estrategias para dar respuesta prioritariamente a las necesidades de los ciudadanos de aquellos municipios que están directamente implicados en la actividad hidrocarburífera, “una urgencia que nos e visualiza para la actividad minera dado que está requiere un profundo proceso de información y debate social para su legitimación”.

Prioridad

Para los legisladores autores del proyecto es sumamente prioritario llevar tranquilidad al conjunto de la población, por eso resulta necesario que el Proyecto de ley 106/12 sea retirado formalmente por el poder ejecutivo para reingresarlo posteriormente con la adecuaciones o modificaciones que considere pertinentes.

“Como es sabido los tres podres del estado gozan de independencia y poseen las facultades, atribuciones y deberes claramente establecidos. En tal sentido, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de discutir los proyectos ingresados y dar tratamiento a los mismos con la mayor celeridad posible. Por lo tanto una acción de providencia 209/12 recibida el 2 de agosto no solo obstaculiza el trámite parlamentario que el proyecto debería recibir. Una situación que impacta negativamente en la comunidad al mantener en situación de alerta permanente a los ciudadanos al desconocer en qué momentos se dará tratamiento al proyecto, qué proyecto se discutirá y bajo qué condiciones”, sostuvieron.

Preservación ambiental

Para finalizar exponen que en la actualidad los temas ambientales concentran la atención del conjunto de la población dada la conciencia social sobre la necesidad de preservación del ambiente y la biodiversidad para garantizar el desarrollo y progreso de la sociedad en su conjunto, “de este modo es cada vez más recuente e importante la legítima presencia ciudadana generando los debates y participando de las discusiones relacionadas con decisiones políticas que podrían poner en riesgo el ambiente. Una participación sumamente positiva y valorable que se concreta mediante distintos mecanismos de democracia semidirecta que son reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial. Esta última en su artículo 14 reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente en los casos previstos o por medio de sus representantes libremente elegidos”.