El gobernador firmó un acuerdo con el gobierno central que fue ratificado por la Legislatura. Un detalle: no están incluidas las nóminas de personal de las municipalidades y comisiones de fomento.
En realidad esa es una exigencia que Nación le impuso a las provincias endeudadas para prorrogar por dos años sus pagos. Se trata de una refinanciación por 13.600 millones -de los 64.800 totales- que adeudan los 17 distritos que están incluidos en el llamado Fondo de Reestructuración.
La Pampa no tiene deudas con el gobierno central -"es menor y se está pagando en término", dijo una alta fuente de Casa de Gobierno- y, por lo tanto, no forma parte de ese grupo de provincias. Pero así y todo Jorge prometió que enviará el listado.
La Legislatura provincial aprobó la adhesión a ese acuerdo a través de la ley 2652, la última que se trató en el anterior período de sesiones, siendo votada por los diputados salientes. Lo que buscaría Nación con este convenio es conocer los nombres de los empleados públicos pampeanos para entrecruzarlos con los que figuran en el Sistema Integrado Previsional Argentino.
Un reciente informe de LA ARENA, en base a datos del propio Poder Ejecutivo, detalló que La Pampa tiene 20.120 empleados entre la administración central y los organismos descentralizados, aunque sin contar los de las municipalidades y comisiones de fomento.
A ese número se llega sumando 349 funcionarios, 5.433 agentes de las áreas administrativa, mantenimiento, producción y servicios generales, 1.007 del Poder Judicial, 5.937 docentes, 3.968 empleados en Salud Pública, 2.439 de la Policía, 86 viales, 129 de obras sanitarias, 197 de la Administración Provincial de Energía y 568 de la ley 2343 (régimen de horario reducido) y 7 del convenio de Luz y Fuerza en el Ente Provincial del Río Colorado.
Intendencias, afuera.
El SIPA se creó a fines de 2008, cuando se eliminó el régimen de capitalización de las AFJP, y sirvió para unificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público. La Pampa, a contramano de muchas otras provincias durante el menemismo, se negó a transferir su caja jubilatoria provincial. Por eso los empleados públicos continuaron jubilándose a través del Instituto de Seguridad Social. Las otras provincias que dijeron "no" fueron Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
En ese momento, el entonces presidente Carlos Menem acordó que Nación remitiría mensualmente a esos distritos los fondos para el pago de haberes a sus beneficiarios. Como eso no se cumplió, y los dineros llegaron a cuentagotas, hubo demandas de las provincias al gobierno nacional.
Esta cuestión "saltó" recientemente durante el tratamiento de la ley de presupuesto 2012 en la Cámara de Diputados de la Nación. Legisladores cordobeses y santafesinos propusieron una iniciativa para que se normalizaran los pagos por las deudas previsionales, pero el bloque oficialista no apoyó la propuesta.
Contemporáneamente con ese debate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso, en los últimos días de diciembre, una postergación hasta el 31 de diciembre de 2013 del pago de sus deudas a los 17 distritos incluidos en el Fondo de Desendeudamiento.
Esa reprogramación involucrará un monto para este año de 6.917 millones de pesos y para el próximo de 6.704 millones, precisó la Casa Rosada. Ello significará un ahorro de 98 y 88 millones para 2012 y 2013, respectivamente. El programa fue creado en mayo de 2010 y por el decreto 660/10 se reestructuraron las deudas provinciales por un total de 64.800 millones de pesos, a fin de sostener los niveles de empleo y preservar las actividades productivas locales.
La presentación del acuerdo fue hecha por la propia presidenta, quien destacó la "oxigenación" que tendrán las provincias, pero reclamó tanto a gobernadores como a intendentes que "informen el total de empleados estatales", en el marco del Sistema Integrado de Previsión Argentino. El 29 de febrero es el plazo máximo que tienen para hacerlo.
El convenio fue suscripto el 28 de diciembre por los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), José Manuel De La Sota (Córdoba), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uribarri (Entre Ríos), Eduardo Fellner (Jujuy), Jorge Sapag (Neuquén), José Luis Gioja (San Juan), José Alperovich (Tucumán), Francisco Pérez (Mendoza), Lucía Corpachi (Catamarca), Martín Buzzi (Chubut), Maurice Closs (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), el fallecido Carlos Soria (Río Negro), Arturo Colombi (Corrientes), Luis Beder Herrera (La Rioja), y el vicegobernador de Tierra del Fuego, Roberto Crocianelli, en representación de la gobernadora Fabiana Ríos.
¿Por qué no aparece Jorge? Porque el mandatario pampeano firmó otro día y por fuera de ese acto institucional con las 17 provincias endeudas, detalló la fuente gubernamental.
- ¿Los municipios pampeanos, tal como se le exigió a las otras provincias, informarán sobre sus empleados?, preguntó este diario
- Los municipios son autónomos.
- ¿Pero están obligados a informar o no?
- No, no está previsto que informen sobre sus empleados.
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