El dardo de Cristina Kirchner al FMI impactó de lleno en el Gobierno

El dardo de Cristina Kirchner al FMI impactó de lleno en el Gobierno

La carta al Fondo de los senadores K pone en duda que un eventual acuerdo sea avalado por el Congreso, un compromiso de Martín Guzmán

Lleva el número 33 y es el último artículo de la extensa carta que los senadores del Frente de Todos le enviaron en la semana a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

 

Después de afirmar que "acordar con el Fondo en busca de soluciones económicas de largo plazo es completamente inútil y contraproducente" en medio de la negociación que lleva a cabo el ministro Martín Guzmán, el escrito llega al punto más sensible para el Gobierno y la marcha de la economía.

En él los senadores kirchneristas le solicitan al FMI que se abstenga de "exigir o condicionar" las políticas de la Argentina y proponen:

a) Reconsideración de los intereses. b) Período de espera para comenzar los pagos anuales a partir de 2025. 

c) Amortización en varias décadas de modo que las erogaciones anuales no tornen insustentable la refinanciación de la deuda.

Y todo eso en medio de una negociación en la que el Gobierno busca plata y no tanto plazo porque sin plata adicional a la Argentina le será imposible cumplir con los compromisos de 2022 y 2023, que suman unos US$ 40.000 millones.

Así, a los "cartazos" (la primera de fines de octubre fue la de los "funcionarios que no funcionan") la vicepresidenta puso una cuña dura en la negociación que lleva adelante Guzmán con el FMI que ahora, y por tres motivos, tiene un nuevo marco

Uno de ellos es que FMI no otorga préstamos si el acuerdo carece de respaldo político y el Gobierno ya adelantó que buscará el aval del Congreso. ¿Pasará por el Senado lo que firme Guzmán?

El otro es que si bien el presidente Alberto Fernández intenta que no se hable de ajuste, en la práctica viene aplicando correcciones que se le parecen bastante.

El Banco Central redujo la asistencia al Tesoro por el mecanismo de Adelantos Transitorios.

 

El Tesoro comenzó a colocar bonos, actualizados por la inflación o atados a la variación del dólar, para financiarse y tener que recurrir a menos emisión.

Se eliminó la cuarta ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 y tambien los ATP para asistir al pago de salarios de las empresas, en un contexto de caída del empleo y cuando los salarios estarían perdiendo entre 8 y 9 puntos este año.

Se presentó la nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones que implica el desenganche de la inflación y después que los haberes perdieran unos 20 puntos en los últimos dos años.

El Gobierno anticipó, también, el fin del congelamiento de las tarifas de luz, gas y transporte que comenzarían a actualizarse a partir del año próximo.

Y esas cinco decisiones se enmarcan en una política cambiaria que contempla que el dólar se actualizará todos los meses a la inflación.

Ese conjunto de medidas de ajuste buscará que el déficit fiscal, que este año terminará entre 7 y 8 puntos del PBI, baje a 4,5% según el Presupuesto aprobado por el Congreso y sea el puntapié inicial de un sendero fiscal descendente que el ministro de Economía pretendería bajar a cero en cinco años.

Y el tercer motivo es que la carta de los senadores K se conoce cuando el Gobierno busca acelerar las negociaciones con el FMI para tenerlas terminadas antes del cambio de administración en los EE.UU.

Joe Biden asumirá el 20 de enero y designará un nuevo secretario del Tesoro (probablemente Lael Brainard, una economista que está en el directorio de la Reserva Federal) y mucho antes de que eso suceda, los funcionarios del FMI extremarán su prudencia a la hora de cerrar acuerdos que puedan implicar alguna incomodidad a la administración entrante.

Vale recordar que si bien el FMI es un organismo multinacional, el que firma los cheques desde siempre es un estadounidense y estará también atento a los mensajes del nuevo Gobierno.

En el Gobierno estaban esperanzados en avanzar rápido (el FMI mandó al país una misión con siete integrantes) ante una necesidad evidente: la falta de divisas.

Si bien está el dato alentador de que la suba de los granos de las últimas semanas le agregarían US$ 5.000 millones a las exportaciones del año próximo, las reservas netas del Banco Central están en US$ 3.400 millones y resultan escasas para llegar a marzo.

El Gobierno logró calmar el dólar blue y el "contado con liquidación" pero a fuerza de venta de bonos y "llamaditas" a los agentes de bolsa y operadores de cambio que tienen efectividad limitada.

Los operadores miran tres cosas para comprobar si una crisis cambiaria como la actual va quedando atrás.

Una es si crecen los depósitos dólares en los bancos (si bien salen menos, el goteo se mantiene). La otra es si el Banco Central gana reservas (está perdiendo menos pero el resultado sigue con signo negativo) y la tercera es el precio de los bonos en dólares.

Los bonos que al momento del canje de deuda valían US$46 bajaron después de esa operación hasta US$33 dólares y ahora están en los U$S38, mejor pero muy lejos de la expectativa del mercado que los esperaba a US$53 después del canje.

Con ese precio de los bonos, la tasa que paga Argentina ronda el 15% anual en dólares, un nivel exorbitante en un mundo de tasa cero pero que sigue marcando el nivel de desconfianza en la política nacional.

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