El subsecretario Marcelo D'Agostino consideró "un hito de la lucha contra la corrupción" el fallo judicial que dispone pasar a remate público tres inmuebles del ex intendente peronista de Guaymallén, Luis Lobos, bajo sospecha de haberlos adquirido con el fruto de maniobras de corrupción en la comuna.

Destacó el funcionario que la sentencia de la jueza civil María Paz Gallardo es la primera de esta naturaleza no solo en Mendoza sino en todo el país.

También valoró que frente a los planteos defensivos en sede judicial de Lobos y la ex esposa, Claudia Sgró, la magistrada decidió que la ley de extinción de dominio número 9.151 es constitucional.

"Recuerdo que, oportunamente, cuando promovimos esta ley, hubo voces de la corrupción que se alzaron en contra, así que la decisión de la jueza Paz Gallardo es un claro respaldo a la normativa vigente", dijo D'Agostino.

La naturaleza del proceso judicial, recordó, apunta a recuperar, de forma acelerada, los bienes que son fruto de maniobras ilícitas durante el ejercicio de la función pública. Con la imputación de la persona por el delito del fuero penal (fraude, etc.) es suficiente para iniciar el proceso de extinción de dominio. Antes era distinto: había que esperar una sentencia condenatoria firme.

D'Agostino pasó en limpio: se llamará a remate público y se subastarán los tres inmuebles situados en los distritos El Sauce y Villa Nueva (una casa, un departamento y un callejón comunero) que pertenecieron a Lobos. "El dinero que se recaude en el remate , según la ley de extinción de dominio, se destinará a reparar escuelas o construir nuevos edificios escolares".

Tendrá una fuerte carga simbólica el final de este capítulo de la vida político-judicial de Mendoza: la corrupción se transformará en educación.

"Quienes son juzgados en este tipo de procesos deben demostrar la licitud de los fondos utilizados para comprar los bienes embargados con posterioridad a los hechos de corrupción"