El Concejo Deliberante aprobó ayer el convenio entre el Municipio y el EPAS para el reemplazo de 17 kilómetros dañados del acueducto de Buena Esperanza. Pero la solución a los problemas de previsión implica, además, que se cobrará por el servicio y el reconocimiento de una millonaria deuda del municipio con el organismo provincial. En la misma ordenanza los concejales autorizaron al intendente Ramón Rioseco a retirar 31 millones de pesos del Ente Autárquico Intermunicipal de manera excepcional como un aporte no reintegrable, que servirán para pagar el reemplazo de la cañería.

Además, el convenio implica una decisión política de cobrar por el servicio. En el documento se establece que el costo de producción será de 40 pesos más IVA, mientras que el municipio impondrá una tarifa extra por la distribución.

Temprano en la mañana de ayer los ediles se reunieron en la sala de sesiones “Eva Perón” para debatir el proyecto de ordenanza que autorizaba el convenio. Se decidió tratarlo sobre tablas y luego se pasó a comisión para su análisis.

La postura del oficialismo, defendida por el presidente del cuerpo Francisco Quevedo, fue que la solución al problema del suministro del agua “no llegará si no la aporta el municipio de Cutral Co, tenemos más de 30 años de promesas por parte de distintos gobernadores sin que pase nada, así que preferimos que el dinero del ENIM se utilice para esto”, sostuvo el concejal. Y agregó que el cobro del agua “llega a partir de la presión que ejerce la provincia para que lleguemos a una solución”.

La voz opositora estuvo en el edil Carlos Moraña, de Proyecto Sur, quien sostuvo que retirar dinero del ENIM sin reintegrarlo es “una malversación de fondos” mientras que consideró que tomar una decisión como la de firmar el convenio “bajo presión es igual a una extorsión, las autoridades comunales no pueden sentirse como rehenes de la situación que ahora afrontan”.

Carlos Arens, antes presidente del Concejo y ahora en la oposición, aseguró que no hay un plan claro de obra, que no se esperó el informe del INVAP para determinar calidad de la obra y tampoco su precio. Por esta razón votó en contra, mientras que Silvia Ortíz se abstuvo.

La necesidad de reemplazar los 17 kilómetros del acueducto desde Buena Esperanza surgió a poco de inaugurarse el ducto en 1995 por parte del entonces gobernador Jorge Sobisch y el intendente Adolfo Grittini. La obra fue realizada con material que tenía vicios por lo que el ducto se rompió en cientos de oportunidades. Se realizó una investigación para determinar si hubo una estafa pero nada se supo sobre el resultado de esa demanda. El EPAS afrontó el costo de reemplazar los primeros 17 kilómetros mientras que el segundo tramo se reemplazará con dinero del gobierno provincial y de los municipios.