El lunes, la consultora contratada por Curtarsa para mejorar su imagen pública envió un comunicado donde se anuncia la finalización de la primera etapa de modificaciones en su planta de Jáuregui. En el texto firmado por MDG Comunicación e Imagen -la poderosa firma que tiene amplia trayectoria con curtiembres denunciadas por contaminación y es propiedad de Miguel de Godoy, el encargado de Medios del gobierno de Mauricio Macri-, se anuncia que "Curtarsa terminó con la primera etapa de modificaciones para cumplir con los pedidos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en un plazo de 30 días". El comunicado detalla que "la empresa optimizó la recepción de cueros incluyendo la logística de ingreso de camiones y la confinación del sector de barraca".

"La empresa modificó el sistema de secado de barros con el fin de trabajar con un deshumidificador a corriente de aire caliente, y de esta manera aislar completamente la llama del quemador. En cuanto al plan de forestación a efectos de conformar una barrera de contención de la pluma de aire, se plantaron en el sector noroeste del sector de tratamientos de efluentes y en el flanco noreste, 100 álamos verdes piramidales y 100 cipreses cypanis", agrega la información difundida por MDG Comunicación e Imagen.

EL CONTEXTO

Lo expresado a través de unos pocos párrafos hace referencia al acuerdo alcanzado entre el OPDS y la curtiembre como resultado de la clausura registrada en abril. Según consta en distintas actas configuradas por el ente provincial, el plan de obras fue presentado por la curtiembre luego de la constatación de sustancias contaminantes en el aire de la vecina localidad.

El proyecto de reforma elevado por Curtarsa plantea tres etapas. En la primera, finalizada recientemente según el comunicado difundido esta semana, el compromiso apuntaba a la construcción de un deshidratador de barros con sus respectivas torres lavadoras, la forestación y la logística en la recepción de cueros. De esa manera, la firma de capitales italianos dejaba sin efecto el polémico horno, artefacto que el año pasado fue conectado al resto del proceso productivo sin contar con la autorización pertinente, situación que motivó su clausura por intervención del gobierno municipal.

La segunda etapa abarca "la construcción de la nave industrial" para el depósito de esos residuos semisólidos, y en un tercer momento la inclusión de "una unidad de oxigenación y una precámara de mezcla y floculación adicionales a la planta de tratamiento de efluentes líquidos".

Si bien tanto Curtarsa como el OPDS presentan públicamente el plan de obras en términos de mejoras sustanciales para la población circundante al establecimiento industrial, la autorización provincial que permitió iniciar los trabajos es cuestionada de igual manera por los vecinos y el gobierno municipal.

El 4 del mes pasado, un asesor del Departamento Ejecutivo encabezado por la intendenta Rosso elevó un completo informe que detallaba las groseras incongruencias legales y técnicas de la alternativa acordada entre la curtiembre y el OPDS.

En cuanto a la primera etapa, el ingeniero químico y abogado especializado en Derecho Ambiental, David Iud, explicaba que "se considera contradictorio con la legislación vigente que se intime a la empresa a poner en marcha un procedimiento de tratamiento de residuos especiales sin que ni la empresa sea tratador autorizado, ni las instalaciones tengan las certificaciones que correspondan". En síntesis, el especialista dejaba en claro que el organismo provincial intimaba a la curtiembre a hacer algo que la ley prohíbe. Por eso, Iud recomendaba "no permitir ninguna operación de deshidratación de barros en la planta".

Sobre la posibilidad de construir una sala de almacenamiento, el informe explicaba que "debe estar acompañada con la estricta observancia de lo normado por la ley acerca de las condiciones y tiempos máximos de almacenamiento de residuos especiales". Al respecto, Iud marcaba que "no son oponibles dificultades que pueda alegar la empresa respecto de su relación con los tratadores".

Esa propuesta de almacenamiento constituye, según se explica en el informe, "un riesgo agravado a tenor de lo que los análisis revelan en cuanto a compuestos químicos que contendrían esos residuos". A modo de ejemplo, se marcaba que "entre los listados, hay varios que según sus fichas de seguridad son carcinogénicos, neurotóxicos, causantes de enfermedades dérmicas, irritantes a la vista y otros".