La situación se desencadenó cuando uno de los hombres fue a realizar un trámite ante la Anses y se encontró con la imposibilidad de acceder al beneficio de asignación familiar debido a que en los registros de la Administración figuraba con un sueldo superior a los 10 mil pesos.
C.M., una persona de alrededor de 40 años, descubrió que su número de DNI también lo posee otra persona; y no solo eso, sino que además esa otra persona también tiene su mismo nombre, es decir que existen dos C.M. con el mismo número de documento.
Esta situación atípica obligó al primero a realizar una denuncia, por lo que entendía en principio como un robo de identidad, con todo lo que esto significa y con los perjuicios que esto le ocasiona.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal de esta ciudad, a cargo de la doctora Eva Parcio. El denunciante tiene domicilio en la localidad de Puerto Deseado, y el denunciado en Comodoro Rivadavia. Ambos de la misma edad.
Cuando el Juzgado comienza con las investigaciones de rigor se encuentran con algunas sorpresas: los trámites de ambas personas ante el Registro Nacional de las Personas aparentan en principio ser legales, es decir que no se observa adulteración de documentación. La persona que vive en Comodoro Rivadavia se desempeña en una empresa de servicios petroleros, y ahí la razón por la cual su sueldo es superior a los 10 mil pesos, y por lo tanto no percibe la asignación familiar a pesar de tener también una hija.
El segundo CM fue contactado por la Justicia y en ningún momento tuvo inconvenientes en colaborar, principalmente porque tiene la certeza de no haber adulterado documentación, mostrando incluso la partida de nacimiento.
En busca del ADN
Entre los datos que surgen de la investigación se pudo saber que el primer CM posee un DNI triplicado, lo que significa que realizó los trámites correspondientes pasando por un duplicado en su momento para acceder a este último y nunca tuvo inconvenientes al hacer los pasos administrativos legales.
El otro CM posee su DNI original y nunca votó.
Otro dato curioso y muy significativo: el primero vivió con su madre que falleció hace un tiempo. El segundo se crió con el padre.
Ante este panorama, desde el Juzgado se recurrió al banco de huellas dactilares, y se encontraron con que las que se encuentran en el registro son de una de estas personas (el denunciante), mientras que el otro CM debió quedar detenido hasta que se clarifique la identidad.
Incluso que sus huellas dactilares no figure en estos bancos también deja establecido que no posee antecedentes penales.
Una de las alternativas que existe en este caso, y en la que según se adelantó la jueza Eva Parcio avanzaría, sería en el pedido de ADN para determinar la identidad del segundo CM.
Con esta prueba incluso se podría determinar si existe algún vínculo de sangre entre estas personas. También posibilitará saber si todo el caso surgió de una equivocación administrativa en el año de nacimiento de estas personas (1971) en la localidad de Puerto Deseado.
En principio, se cree que no se trataría un robo de identidad intencionado.
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