Una señal del senador Gerardo Morales hizo desistir al bloque Radical de plegarse con el oficialismo para castigar a los magistrados.

La frustrada represalia del bloque justicialista contra los tres jueces que emplazaron a la Legislatura a sancionar la Ley de Cupo, no es un tema terminado. Una fuente del Parlamento explicó a El Libertario que el proyecto de resolución, cuyo tratamiento sobre tablas se frustró en la última sesión, será presentado esta semana para que tome estado parlamentario en la sesión del jueves, pase a la Comisión de Asuntos Institucionales que preside Guillermo Snopek (PJ) y se sancione lo más rápido posible.

Legisladores de todos los bloques están indignados por el fallo, que fue resultado de una acción de amparo promovida hace un año por un grupo de mujeres y hombres. La resolución judicial emplaza a los poderes Legislativo y Judicial a los fines que dentro de tres meses dicten y promulguen una ley que asegure la participación igualitaria de ambos sexos en las listas de candidatos a cargos electivos y partidarios, conforme lo establecido en el artículo 37 y cláusula transitoria segunda de la Constitución nacional.

La tesitura del oficialismo es que ningún otro poder del Estado tiene facultades para decir a los diputados lo que tienen que hacer, aún cuando se los esté interpelando por el flagrante incumplimiento a una cláusula constitucional. En este sentido, se escucharon discursos muy ilustrativos como el del diputado Miguel Morales, quien con tono exaltado advirtió que los diputados no se pondrán de rodillas ante otro poder. No poco significativo fue lo del diputado Hugo Insausti, ex fiscal de Estado del gobierno de Eduardo Fellner, quien acusó a los jueces de perseguir a funcionarios y fijar exorbitantes costas en los juicios. Según dijo, es “claramente inconstitucional” que el Poder Judicial asigne plazos y amenace con sanciones al Legislativo.

Diputado Hugo Insasuti (PJ).

Diputado Hugo Insausti (PJ).

La cuestión suscitó intensas controversias en el interior de las bancadas del Radicalismo y del Frente Primero Jujuy, ya que no todos los legisladores opinan que la actitud de los magistrados es condenable, sino todo lo contrario. Una minoría estima que la conducta es la correcta pues ante el desconocimiento de un derecho, el ciudadano tiene en la Justicia la última instancia de reclamo. Reconocen además que el fallo es consecuencia de una clara omisión del Poder Legislativo, que en 20 años nunca dio tratamiento a los numerosos proyectos de la Ley de Cupo que se presentaron, a pesar del mandato constitucional.

En la UCR, la discusión enfrentó duramente al presidente del bloque Alberto Bernis y a Pablo Baca, quien es un declarado partidario de la ley de Cupo y fue uno de los firmantes de la acción de amparo. Bernis, como los diputados del oficialismo, era partidario de una represalia ejemplar a los jueces y así se lo había hecho saber al jefe del bloque del PJ, Rubén Rivarola, quien entonces vio que los números para votar sobre tablas el jury de enjuiciamiento estaban asegurados. Con varios legisladores oportunamente ausentes, reunir los dos tercios estaba descontado. Pero algo inesperado ocurrió: el celular de Bernis recibió una llamada del senador Gerardo Morales desde Buenos Aires ordenando votar en contra del jury.

En el Frente Primero Jujuy, primero estuvieron las divisiones. Carolina Moisés apoyó la demanda por la Ley de Cupo e incluso se lo dijo a las mujeres que desde la barra seguían las alternativas de la sesión, pero votó a favor de castigar a los jueces. Agustín Perassi y Omar Toro también bajaron el pulgar, mientras que Riad Quintar y Eduardo Cammuso no apoyaron la resolución del jury. Justamente, fue Quintar quien refutó desde lo jurídico el argumento del oficialismo respecto de que la sentencia reporta el avance de un poder sobre otro. Tras advertir que existen muchos otros motivos para juzgar al Poder Judicial, el legislador enfatizó que no se puede considerar incumplimiento a los deberes de los jueces haber producido una sentencia que no es del agrado de los diputados, a la vez que advirtió que los magistrados “cumplieron con la ley”.

El polémico proyecto de resolución solicita al Superior Tribunal de Justicia que realice el jury de enjuiciamiento a Benjamín Villafañe, Luis Morales y Silvia Teresa Maurín, miembros del Tribunal Contencioso Administrativo que condenó a la Legislatura y al Poder Ejecutivo.