En diálogo con Radio Noticias, Paole, de 73 años de edad, recordó que siempre quiso saber quién era su padre. "Mi madre nunca me lo dijo, pero cuando se robaron el cuerpo de la tumba (de Otero) comencé a pensar firmemente que él podía ser mi padre". La profanación fue descubierta en septiembre de 1999, un mes después de que Paole iniciara una causa por filiación. "La desaparición del cuerpo resultó una barbaridad, pero además ocurrieron muchas otras cosas y vendieron muchos campos. No tengo ni idea de lo que ha quedado", de la fortuna que dejó su padre, al morir sin descendencia reconocida, en 1983.

Trece años pasaron desde aquella presentación ante la justicia. "La causa nunca avanzaba, cambiaron tres veces de juez hasta que ahora, cuando vino este juez (Claudio Soto, sustituto de Gabriela Pibotto) salió el fallo completo". La decisión judicial la autoriza para gestionar en el Registro Civil el cambio de apellido.

"Justicia para ricos".

Si bien se reconoce feliz por el fallo favorable, Eva lamenta que haya tardado tanto tiempo. "Debía ser un trámite sencillo, y si no hubieran robado el cuerpo hubiera demorado unos pocos meses. Pero la justicia es sólo para los ricos, que pueden pagar, y para los pobres, nada". Para ella "ése fue el camino que siguió la causa con la jueza Pibotto (oriunda de General Acha, al igual que Eva). Menos mal que llegó este juez y se hizo justicia", agradeció.

Si bien el fallo es apelable ("resulta difícil que pueda variar la resolución"), Paole podrá ahora iniciar una demanda civil para ser reconocida como heredera de una fortuna que, a la muerte de Otero, estaba calculada en unos 30 millones de dólares. Esa herencia comprendía más de 50 mil hectáreas en distintos puntos de La Pampa, 15 inmuebles, dos aviones y más de 5 mil cabezas de ganado, entre otros bienes. "No sé cuánto queda, porque el sobrino (Darío Hernán Sarasola) vendió muchas propiedades", dijo Paole.

Cuando el millonario achense murió, la fortuna quedó en poder de su viuda, Elisa Arenaz, que falleció ocho años después. El matrimonio no había tenido hijos y los bienes pasaron al sobrino de la mujer, Darío Hernán Sarasola, cuyos abogados lograron dilatar la causa de Paole por más de una década, lapso en el que se realizaron ocho exámenes de ADN. Sobre Sarasola recayó siempre la sospecha por la profanación de la tumba.

Eva reside en una humilde vivienda de General Acha y se sostiene con dos pensiones que apenas le "alcanzan para vivir", una propia y la otra de su marido, fallecido a la edad de 39 años. Desde entonces, ella quedó como único sostén de sus tres hijos, uno de los cuales falleció recientemente. "Tenía 54 años y por eso, el fallo nos trajo alegría, pero también nos hizo llorar", concluyó.