La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación con competencia Electoral revocó la sanción que el Tribunal Electoral provincial le había impuesto al ARI-Coalición Cívica por no entregar en los plazos de ley el informe final sobre gastos de campaña.

La sanción, que alcanzó también al partido Frente Unidad Popular y Humanista, consistió en marginar a estas fuerzas políticas de la recepción de los aportes de dinero que hará el Estado antes de la campaña para las elecciones de 2015.

El partido, que en los pasados comicios había llevado como candidata a gobernadora a la diputada nacional Griselda Baldata, apeló la medida ante la Cámara por considerar que se le había violado el derecho de defensa.

La Cámara con competencia electoral, integrada por Víctor Rolón Lembeye, Humberto Sánchez Gavier y Nora Garzón de Bello, consideró que, al haberse impuesto la sanción sin haber dado la oportunidad que los representantes partidarios pudieran efectuar un descargo, se vulneró el derecho de defensa y se dejó a tal fuerza política “en una evidente situación de indefensión”.

Según informó la Justicia, los vocales esgrimieron que el ejercicio de la potestad disciplinaria “exige reunir los elementos de prueba suficientes a través de un procedimiento adecuado, en el cual se garantice el derecho de defensa, a fin de acreditar la existencia de los hechos irregulares que se atribuyen, para recién aplicar la sanción correspondiente”. Y agregaron: “La potestad disciplinaria debe desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal, por sumisión a la Constitución, que garantiza el derecho de defensa en juicio”, manifestaron en la resolución.