Se cree que durante estos años las oficinas han servido para, entre otras cosas, educar a los consumidores locales que hasta el momento no tenían dónde hacer valer sus derechos.

Las estadísticas de la oficina indican que el numero de expedientes iniciados superan ampliamente los 1.500, entre los cuales se ha podido denunciar, desde algo insignificante como una pava de 28 pesos que no vertía agua por el pico, hasta la venta de una vivienda prefabricada más chica de lo convenido a cuyo comprador se le logro bonificar el cambio de modelo.

Para Pablo Calicate, responsable del organismo, “la gente consulta más antes de tomar una decisión”, y explicó que “aquí la persona viene y en forma gratuita realiza su reclamo y tiene una audiencia con quienes entiende que la han damnificado”, por cuanto “nosotros buscamos que los caletenses vayan educándose en la defensa de sus derechos porque muchos no saben siquiera que los productos tienen garantía”.

Tal es así que en breve esta oficina podría implementar lo que se denomina una “indemnización administrativa”, a través de la cual los comerciantes que les fallen a sus clientes deberán retribuirlos con hasta seis veces la canasta familiar que indica el INDEC.

FALTAS HABITUALES

Por otra parte, al margen de las denuncias particulares, Defensa al Consumidor realiza relevamientos en los diferentes comercios para constatar las que son faltas más habituales entre el comercio local, tal como es el caso de falta de exhibición de precios en vidrieras y las diferencias entre los precios de góndola y la caja.

En este sentido, vale acotar que ya han sido varios los comercios que han debido pagar abultadas multas por incumplir con esto, tal como es el caso de un supermercadista líder que hasta el momento lleva desembolsados unos 80 mil pesos.

Los caletenses diariamente sufren ante la comparación de precios entre Comodoro Rivadavia o inclusive Río Gallegos, lo cual según Calicate tiene una explicación lógica, ya que tiene que ver con que en esas ciudades hay mayor competencia entre los comercios.

“Esto es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta y saber que si un producto está demasiado caro no hay que comprarlo y eso es lo único que va a hacer que baje su valor. Ese es el poder que tiene el consumidor porque no existe una Ley que imponga precios máximos y los acuerdo de precios son paliativos que no tienen sanción alguna”, indicó.