La discusión sobre la despenalización se revitalizó este año con la presentación del proyecto de Aníbal Fernández, elaborado junto a un prestigioso comité de jueces, sanitaristas y sociólogos durante cinco años.

“El que tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión”, indica el artículo 5 del proyecto, que mantiene la figura intermedia de “tenencia simple” de la actual Ley 23.737, aunque baja la pena máxima, que era de seis años, y lo convierte en un delito excarcelable. Por otra parte se declara “no punible” la tenencia y uso de hojas de coca en su estado natural, “destinada a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión”.

Además, el proyecto establece que cuando no se trate de una organización de magnitud, las penas serán de tres a 10 años y se distingue entre cabecillas y subordinados. Para estos últimos la pena “podrá reducirse a la mitad del mínimo y del máximo”. Quien ingrese, egrese o acumule sin autorización precursores químicos útiles para fabricar drogas ilegales, como la efedrina, quedaría penado con uno a seis años de cárcel. Si estas conductas “se ejecutasen a sabiendas” de que estos materiales son para producir estupefacientes, el castigo se eleva de tres a 10 años.