Viedma. Afrontar el próximo año de un modo que no repercuta negativamente y que no signifique una baja en la recaudación es el objetivo del municipio de Viedma, como el de otras comunas de la provincia e incluso del gobierno provincial.

De hecho, desde el Poder Ejecutivo municipal ya se adelantó que se buscarán nuevas alternativas de recaudación, que, no obstante, no serán de una aplicación generalizada; es decir, no generará un impacto a la totalidad de los viedmenses, sino que serán impuestos específicos.

Fundamentalmente, la expectativa de aplicación de impuestos está basada en tres sectores: los valores de la tierra, mediante la aplicación de la ordenanza sobre la plusvalía presentada el año pasado y que se acoplará al impuesto al baldío, una eventual actualización de los bienes inmuebles que haga la provincia -y que tendría su directa relación en la ciudad- y la seguramente muy probable aplicación de un nuevo impuesto, que es el del control de la publicidad.

Sin dudas, la implementación de la plusvalía y el movimiento ocioso, junto al impuesto al baldío, deberán ser formas de ingresos de recursos que ya están aprobadas y que, según la nueva gestión municipal del intendente Ferreira, se tendrán que implementar definitivamente.

La aplicación de estos impuestos mencionados, apunta básicamente a las personas con mayores recursos y a lograr que la tierra no quede estancada, sino que rápidamente se incorpore a la oferta.

La plusvalía urbana, como un mecanismo compensatorio del esfuerzo desarrollado por el Estado municipal en obras públicas barriales y de regulación hacia especulaciones inmobiliarias fue discutida hace dos años y aprobada en el Concejo Deliberante por iniciativa de la concejal Laura Ramos.

Vale mencionar que la plusvalía es, en términos generales, un impuesto municipal que se paga cada vez que se realiza una transmisión de propiedad de un bien inmueble (vivienda, local comercial, etc). Lo que se grava es el incremento del valor experimentado por el terreno desde la fecha en que se adquirió hasta la fecha en la que se transmite.

Por otra parte, hay un impuesto que ya existe pero se pretende un mejor control sobre él y, consecuentemente, mayores ingresos por su concepto, es el de la publicidad en la vía pública, entendida en términos mucho más amplios que los que se conocen y aplican en la actualidad en Viedma.

De esta forma, se cobraría el uso del espacio público a toda la cartelería que promocionaran marcas foráneas. De esta forma, el municipio avanzaría en un método para aplicar un mecanismo que permitiera el cobro a esas firmas.

Es un impuesto que muchos municipios de la región y del país ya están implementando y por la cual tienen que pagar grandes empresas, que son las que suelen colmar muchos espacios públicos y hasta los frentes de los comercios. Por ejemplo, llegado el caso, la multinacional Coca Cola debería pagar por cada mesa, sombrilla y silla con su logo que se saque a la vía pública. Incluso esta medida afectaría a, por ejemplo, carteles grandes en los frentes como también los más ínfimos, como los de las tarjetas de crédito, pegadas en las puertas de los comercios.

De acuerdo a las experiencias que se han dado en los últimos tiempos en otros municipios una de las grandes dudas se centraba en los comerciantes y si ellos eran quienes tenían que afrontar los pagos correspondientes por exhibir marcas. Vale aclarar que en todos los casos los municipios han sido categóricos: los comerciantes no son los que deben pagar ese impuesto, sino las marcas. En ese mismo sentido avanzará el municipio viedmense.

De cualquier modo, algunos comerciantes céntricos consultados por este medio indicaron que llegado el caso habrá que estudiar la iniciativa, ya que podría llegar a existir el temor de que el tributo terminará recayendo sobre ellos porque las marcas foráneas lo trasladarán a los vendedores locales y probablemente el monto será finalmente cargado a la mercadería y afrontado en definitiva por los consumidores.

Es muy posible que antes de llegar a la aplicación se realicen reuniones con comerciantes, tendientes a explicarles el alcance de la normativa buscada, como así también intentar llegar a un consenso.

Además, desde el municipio seguramente se preverá una actualización de los valores de las propiedades en consonancia con la provincia, que redundará, en algunos casos, en importes mayores de tasas.