Esta y otras situaciones que se están generando alrededor de los desmontes en Salta fueron las que se trataron en el debate que organizó el Instituto de Investigación Social, Económica, y Política Ciudadana (ISEPCi), y que tuvo lugar el miércoles en la Universidad Nacional de Salta (UNSa.).

Las recategorizaciones que se hicieron en las últimas dos convocatorias de desmonte se hicieron en zonas que estaban pintadas de amarillo por ser del área de influencia de comunidades indígenas, en el caso de un desmonte de 11 mil hectáreas en el Norte. En el área amarilla no se debe desmontar y para dar paso a la deforestación Ambiente decidió recategorizar al color verde. Ello tras entender que no había habitantes originarios en la zona. Las comunidades aledañas a la zona pidieron prorrogar la audiencia para conocer en profundidad el proyecto y conocer las posibles consecuencias, pero la petición fue desestimada.

En Anta, una zona roja (la única que quedaba en una mayor extensión de desmontes), fue recategorizada al verde, en la mayoría de la superficie, para permitir el desmonte.

Con estos dos audiencias más una más, la provincia ya prevé autorizar el desmonte de unas 20 mil hectáreas en la provincia. Una cuarta audiencia fue suspendida. Este pedido refería a un desmonte en Rosario de la Frontera en tierras fiscales. En este caso, el decreto de comodato con la Cooperativa a explotar las tierras no estaba formalizado. Pero no solo se trataba de este tema. Pues según la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial las áreas o zonas determinadas dentro de la Categoría II, también involucran a los "inmuebles fiscales con cobertura boscosa de la propiedad de la provincia de Salta".

"La gran trampa"

"La gran trampa de esta ley es que establece que el ordenamiento es meramente orientativo", se dijo en el debate al indicar que está hecho en una escala predial de 1 a 150 mil y, por tanto, es "meramente orientativo. Luego, si así lo piden quienes quieren desmontar, se puede 'revisar' si hay factibilidad de desmonte. Se aclaró que en el decreto provincial 2211/10 se determina cómo el propietario puede proceder para recategorización de sus lotes, pero que debe cumplir con la Ley 7070, e ir a audiencia pública. Pero tras ello apareció el decreto 3136/11, que estableció que la recategorización no debe estar sujeta a audiencia pública. "¿Es constitucional?", fue la pregunta que quedó en el medio.