Arguyó que la figura escogida no supone la intervención de la provincia como parte en el proceso y –de ser aceptada– sólo la habilitaría a asistir técnicamente al juez al momento de dictar sentencia y que "aparece como sorprendente que el gobernador de nuestra provincia defienda abiertamente intereses privados que no deberían afectar los intereses provinciales, dado que las obligaciones de la empresa embargada para con el estado provincial subsisten más allá de los embargos que se dispongan sobre la contratista".

En un documento que firmó Kreitman afirmó que el embargo no resulta una razón que justifique eventuales incumplimientos de parte de Chevron en su relación jurídica con la provincia de Neuquén, por lo que "la intervención procesal intentada es una gestión institucional dirigida a privilegiar intereses particulares". Lo interpretó como un abuso de la potestades constitucionalmente conferidas y demuestra un alarmante grado de dependencia.