El legislador de Unión por Córdoba Juan Manuel Cid presentó en la Legislatura un proyecto para que los playeros de las estaciones de servicio realicen controles de alcoholemia y no expendan combustible a los automovilistas a los cuales el test les dé positivo.
Las voces en contra se multiplicaron al enterarse de la idea del legislador peronista, incluso coincidieron empleados y empleadores en lo inoportuno de este proyecto.
Según Cid, “la idea es que en las estaciones de servicio a los conductores de vehículos que tengan 500 miligramos por litro de sangre, o a los conductores de motos que tengan 200 miligramos por litro, o a los conductores de transporte cualquiera sea la graduación alcohólica, que en la franja horaria que va desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana se les haga un pequeño test y si les da positivo, no se les cargue combustible”, dijo Cid. Y agregó: “La idea es que el sector privado, encabezado por los dueños de estaciones y el personal que trabaja allí pueda hacer el control”.
Pero para el sector privado esto es, como mínimo, inviable. La principal queja resulta del desplazamiento del deber del Estado en manos de particulares. Esto es que los privados sean quienes se hagan cargo de controles que deben ser garantizados por los organismos gubernamentales correspondientes.
En segundo lugar, surge la cuestión para nada menor de la inseguridad. Serán los playeros quienes deban enfrentarse en la madrugada con los conductores alcoholizados, realizarles el test y negarse a vender el combustible.
Para el legislador, la iniciativa puede funcionar tal como ocurrió con la prohibición de fumar en bares, restaurantes y boliches, e implica un compromiso del sector privado.
“De la misma manera que han funcionado otras iniciativas donde trabajan el sector público y el privado, por ejemplo la ley antitabaco, que prohíbe fumar en restaurantes y bares que fue exitosa y produjo un cambio cultural”, dijo Cid para justificar el proyecto.
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