Familiares querellantes en la investigación de la causa Pozo de Vargas se manifestaron en contra de la decisión del juez federal N°2, Fernando Poviña, en cuanto a la metodología de trabajo con los restos humanos que siguen hallándose en esa fosa común.

A través de un comunicado de prensa, Josefina Molina y Virginia Sosa, presidente de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, denunciaron que el magistrado decidió que “a partir de ahora todos los restos óseos recuperados y los que en el futuro se recuperen, serán acondicionados y remitidos a Buenos Aires con el objetivo que el Equipo Argentino de Arqueología Forense (EAAF) realice los estudios antropológicos y arqueológicos a partir de muestras óseas parciales”.

Los familiares sostienen que de esta manera el juez Poviña contradice normas de protocolo internacional, que determinan que aquellos estudios se lleven a cabo una vez que la totalidad de los restos mortales sean exhumados. “Exigimos que el proceso de identificación se perfeccione una vez que se haya recuperado la totalidad de los restos mortales de las víctimas del genocidio por los peritos del CAMIT”, sentenciaron en el comunicado.

“Los Familiares y especialmente FA DE TUC, sostuvimos que la investigación la realicen Peritos de la Universidad de Tucumán (CAMIT) porque son idóneos, porque están radicados en Tucumán, porque conocen la historia y las características geográficas y social de nuestra Provincia. Ellos son los que descubrieron el Pozo, son los que bajaron y bajan a más de 30 metros de profundidad, un lugar sin oxígeno, contaminado, horrorosamente peligroso. Conocen a la perfección la mecánica del ocultamiento, la ubicación de los cuerpos, las características de los elementos asociados etc. Deben continuar con la labor de reasociación interquelestal y a partir a ahí recién realizar el cotejo correspondiente para su identificación”, agregaron.

“El Juzgado no contempla aspectos humanitarios, hasta ahora, sólo satisface pedidos del EAAF cuyo objetivo es el manejo absoluto de todas las investigaciones. La entrega parcial y escalonada de los restos genera en nosotros mucho dolor. El Juez y el Estado Nacional no debe sumar más dolor al que ya tenemos”, expresaron.

La causa se inició en abril de 2002,y hasta el momento se identificaron los restos de tres desaparecidos durante la última dictadura militar, entre los que se encuentra los del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, mientras que se siguen extrayendo restos humanos en espera de su identificación.