El funcionamiento y prestación de servicios de las empresas de seguridad privada Junín se encuentran bajo la lupa de funcionarios y legisladores locales por el incremento de las quejas y los reclamos formales que vienen planteando los usuarios desde el inicio de 2012 y que se hicieron más recurrentes a partir de la primera mitad del año.

Hechos de hurto y robo que figuran en las estadísticas oficiales muestran un agravante: los sistemas de alarma instalados en las propiedades donde ocurrieron esos delitos no se activaron.

Pero a este déficit técnico se suman otros cuestionamientos vinculados a personal mal calificado que trabaja para las compañías de seguridad, que incluso se encuentra en condiciones laborales irregulares.

Si bien no todas las empresas son blanco de las críticas, hay un alto porcentaje cuyo funcionamiento y prestación de servicios despiertan el malhumor de los usuarios.

Las quejas comenzaron a recibirse desde que empezó el año en dependencias de asistencia al consumidor y en las mismas firmas, pero un hecho puntual, ocurrido a fines de junio, parece haber corrido el velo a una situación que es más grave.

Un caso bisagra

El jueves 28 de ese mes los medios locales fueron testigos de un episodio inédito y al mismo tiempo cargado de dramatismo. Una mujer se presentó en la secretaría privada del Intendente y pidió hablar con Mario Meoni, quien ese día no se encontraba en Junín.

Aunque la respuesta a su pedido fue negativa, la vecina, identificada como María Rivero, de 44 años, insistió y al mismo tiempo amenazó: “Si no me atiende el Intendente me prendo fuego”. Atónitos, los empleados observaron que la mujer tenía un bidón amarillo y que llevaba un encendedor en una mano. Pero también percibieron el olor a nafta que despedía su cuerpo.

Entonces entendieron que no se trataba de una broma y la desesperación que mostraba la mujer se contagió entre todos los que presenciaron la escena, que salieron disparados de la oficina temerosos de convertirse en víctimas de una tragedia.

La intervención de otros funcionarios y de la Policía logró que la descontrolada vecina se tranquilizara y abandonara su intención de prenderse fuego “a lo bonzo”.

Ahora bien, ¿cuál fue el motivo que empujó a esta mujer a querer inmolarse en público dentro del mismísimo despacho del jefe comunal?

Por un lado, la indignación y bronca acumulada por cuatro robos sufridos en menos de 20 días en su rotisería ubicada en la esquina de Almafuerte y Uruguay, donde había instalado una alarma que, según ella, no se había activado en ninguno de los casos. Pero el detonante de su reacción llegó con el último hecho: la comerciante fue asaltada por ladrones y mientras ocurría el robo dijo haber activado el botón antipánico aunque desde la empresa que había contratado no recibió respuesta alguna.

Con la paciencia saturada, la mujer hizo el reclamo en la agencia de seguridad, donde le contestaron lo siguiente: “¿Y qué quiere que hagamos por 150 pesos por mes?”.

El termómetro de su indignación iba subiendo a pasos agigantados hasta que terminó por explotar cuando recibió una carta documento de la misma compañía en la que le comunicaban la suspensión del servicio de alarma.

Transformada en un manojo de bronca descontrolada, la comerciante se dirigió con ese papel a la Oficina Municipal de Información al Consumidor para plantear su caso, aunque le dijeron que el trámite demoraría.

A partir de ese instante explotó su furia con un bidón de nafa y un encendedor en mano.

Graves cuestionamientos

El caso, que no registra antecedentes, encendió una luz de alerta respecto de la calidad del servicio que brindan las empresas de seguridad privada, pero también sobre su funcionamiento dentro de la comunidad y su relación con el Estado.

El titular de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad, Andrés Rosa, no dudó en afirmar que además de los reclamos presentados en la ofician a su cargo, “otro aspecto negativo de las agencias es la compleja relación que tienen con la Policía, que es convocada por alarmas que después resultan disparos falsos y eso hace que se distraiga este recurso”.

Además aseguró que de esa manera “le sumamos otro claro conflicto de intereses e incluso de competencia” entre las empresas y la Policía.

El funcionario reveló que “en mi oficina no son pocos los que han manifestado sus quejas por las deficiencias de quienes realizan esta actividad. Hay reclamos por la calidad del servicio y falta de coordinación”.

Y sentenció: “Salvo excepciones, en nuestra ciudad la seguridad privada nos trae serios problemas y riesgos”, y analizó que “este servicio debería complementar y no debilitar la capacidad del Estado para proveer seguridad. Debería ser un factor que contribuya al fortalecimiento de la seguridad pública”.

Frente a la problemática que se presenta, Rosa consideró que “mientras los riesgos y problemas quedan expuestos, faltan mecanismos de control adecuados. No resulta conveniente dejarlo librado a sus propios intereses y dinámica -de las empresas-, sino que desde el Estado Nacional correspondería regularla adecuadamente”.

Proyecto para

controlar la

seguridad privada

En la misma línea, el concejal del Frente para la Victoria, Juan Manuel Sequeira, propuso a mediados de año la creación de una oficina en el ámbito municipal que controle el funcionamiento de todas las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, que realicen actividades de vigilancia y protección de bienes y personas, conforme la legislación vigente.

El edil consideró que “la ley 12297 regula las actividades de las personas jurídicas prestadoras de servicios de seguridad privada, que se desarrollen en el territorio de la provincia, con el objeto de resguardar la seguridad y con el fin de procurar la vigilancia y protección de personas y bienes, procurando además de preservar la vida y libertad de las personas”.

“Estas prestaciones requieren, para su funcionamiento, la aplicación de la normativa mencionada, siendo importante además que nuestro municipio se involucre en el tema”, argumentó Sequeira.

Además evaluó que “los municipios deben intervenir en cuestiones que afecten a sus vecinos, involucrándose en el tema de la seguridad que afecten a la comunidad, siendo partícipe en determinados controles en forma directa”.

Personal mal

calificado y

“en negro”

Para Rosa los controles a las empresas deberían llevarse a cabo por medio de “mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que hoy no existen. Quizás el carácter federal del país hace que se multipliquen las normas, lo que agrava el problema, evidenciando la ausencia de una norma nacional que siente principios básicos y uniformes”.

Por eso remarcó que se debe “evitar que este servicio de seguridad privado se proyecte absolutamente por fuera de toda regulación y control estatal”.

Fundamentó su afirmación recordando que “desde los años 90 se ha dado un crecimiento exponencial de esta actividad. De acuerdo a cifras oficiales (Ministerio de Trabajo), en el año 2010 había 1.500 empresas de seguridad privada con 111 mil empleados” y aclaró que “fuera de ese indicador hay altos niveles de trabajo informal o ‘en negro’”.

Al respecto reveló que la informalidad laboral “además de ser un problema en sí, suele estar asociado a personal mal calificado, no suficientemente entrenado y que además recibe bajos salarios”.

Según un informe de la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (CAESI), se estima que el producto total de esta industria ascendería a $ 3.200 millones.

“Estas empresas tienen una responsabilidad social empresaria especial que implica un deber ético y un deber de colaboración y cooperación con el desarrollo sostenible de mejores niveles de seguridad desde el ámbito de la prevención”, observó Rosa.

Y criticó que esta actividad “no puede estar ausente de las políticas publicas de seguridad, sino que debe ubicarse en el centro de la agenda, porque hasta acá los resultados no son buenos”.