Una organización no gubernamental de Mar del Plata advierte que un consorcio minero, cuestionado por operaciones contaminantes, reparte utilidades millonarias con universidades públicas desde hace dos años, con lo cual se amenazaría así la independencia de sus eventuales informes técnicos.

La ong Bios señaló que este miércoles, a las 14.30, en el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se decidirá qué hacer con los fondos provenientes de la Megaminera Alumbrera.

Esta entidad ha solicitado en dos ocasiones, hace más de un año, al rector de la Universidad local respuesta acerca de la aceptación o no de esos fondos, sin recibir respuesta alguna.

Según Bios, Bajo de la Alumbrera es una megaminera que explota, entre otros, los yacimientos de cobre y oro en la Provincia de Catamarca. La empresa ha venido contaminando el medio ambiente y los pueblos cercanos, además de consumir 95 millones de litros de agua por día.

"La unión de empresas estatales pertenecientes el Gobierno Nacional y al Gobierno de Catamarca, junto con la Universidad Nacional de Tucumán y Minera Alumbrera Limited, cuyo accionista mayoritario es la compañía Suiza Xtrata, conforman Yacimientos de Agua de Dionisio (YMAD), que otorgaría a la UNdMP la suma de $1.243.828", se especificó.

¿Debe la Universidad establecer ciertos límites en los recursos económicos que acepta? ¿No estamos dando un doble mensaje a nuestros alumnos cuando pregonamos el respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo aceptamos recursos procedentes de una empresa minera seriamente denunciada por contaminación ambiental, tal como el resto de las megamineras a cielo abierto?", se preguntaron desde la ong.

El alerta fue disparado por el biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, a raíz del reparto de beneficios por más de 86 millones de pesos (unos 22 millones de dólares) que hizo Minera Alumbrera Limitada en 2008 y 2009 entre 40 universidades de distintas provincias, por un compromiso legal.

La documentación obtenida por Montenegro muestra la distribución proporcional hecha por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las casas de altos estudios públicas de Argentina, sin que la información se difunda ni los detalles y destino de los fondos.

Algunas casas de altos estudios rechazaron ese dinero, otras no. "Aceptar o no los fondos no es un tema técnico, es político. La universidad debe decir que no, porque lo contrario es violar normas éticas", añadió