El integrante de la Cámara de Comercio de la localidad de 28 de Noviembre, que fue su último presidente e integrante de la Federación Económica de Santa Cruz, Juan Carrivale, se mostró “sorprendido” por la reciente votación que se dio en la Cámara de Diputados de la provincia respecto a la ley que grava las transferencias entre empresas mineras de yacimientos en exploración o explotación, mediante la cual quedaría un 10% de utilidades en las arcas del Estado.

Dicho proyecto contaba con despacho favorable de tres comisiones y fue enviado de nuevo a comisiones para su perfeccionamiento, en voto dividido de los legisladores, hecho que desató un fuerte debate sobre el tema.

Al referirse a esta situación, Carrivale expresó “la verdad no se sabe qué intereses se defienden a veces, por el hecho que no se haya aprobado ese tipo de ley, que le hubiera significado a la provincia un ingreso importante para poder redistribuir entre sus municipios”, más considerando la crítica situación económica por la que está atravesando el Estado.

Desde el punto de vista de un comerciante, comparó que “son estos mismos diputados que meses atrás incrementaron la alícuota de Ingresos Brutos sin que les tiemble el pulso, y resulta que a estas empresas buitres les defienden el bolsillo”, aunque reconoció estar de acuerdo con la actualización de la elevación de la alícuota de Rentas provinciales.

A Carrivale le extrañó la postura del diputado Leonardo Alvarez, a quien conocía desde la Cámara de Comercio de San Julián, “que ahora salga a defender intereses foráneos me resulta muy contradictorio con lo que un diputado debe hacer, desde su responsabilidad de defender los intereses no de un gobierno, sino de la provincia, de los municipios, de todos nosotros”, enfatizó. En el mismo sentido, cuestionó al vicegobernador Fernando Cotillo, quien además fue intendente y sabe los intereses que debe defender.

El referente de la Cámara de Comercio local equiparó a este impuesto con el que la provincia cobra a los vehículos que no son adquiridos en la provincia, “hay un precedente y una justificación, por eso creo que acá hay una defensa flagrante de grandes intereses sectoriales, la verdad que es lamentable porque el perjuicio no es para el gobierno ni para el gobernador, es para toda la provincia”, estimó.