Aunque el objeto específico de esta consultora "es la asistencia técnica para la realización de un estudio integral tendiente a lograr la participación en la construcción de política de estado participativa y ética generando en la comunidad una conciencia colectiva para el tratamiento y resolución de la problemática derivada de todo tipo de adicciones y sus consecuencias en la población", según el informe, este contrato no se celebró con el Ministerio de Salud (como se entendió, debería corresponder), o en su defecto, con el Ministerio de Desarrollo Social, sino con la Secretaría General de la Gobernación. La diputada agregó que la contratación se debería haber fundamentado "en el caso de que verdaderamente en dichos Ministerios no exista el personal técnico idóneo para realizar las tareas encargadas a esta Consultoría".

Por el contrario, la Secretaría que finalmente celebró el contrato, tiene entre sus atribuciones la de asistir al gobernador "en la formulación e implementación de políticas culturales", según el artículo 32 inciso 10 de la Ley 7483.

Aunque Cornejo había solicitado el contrato de consultoría, y la prórroga (dado que el convenio se firmó en 2008 hasta 2009, y se prorrogó desde el año pasado hasta fines del actual), en el informe estos no aparecen.

Lo que sí se acompañó, fue la copia de dos informes que la consultoría hizo, uno en 2008, y el otro durante este año.

También se acompañó una nota firmada por Delia Naharro, quien, según la constitución de PEAL SH que fue informado por la Secretaría de la Función Pública, no aparece como integrante de la consultora.

Otro de los puntos observados fue que el domicilio que se indicó en el informe no coincide, al menos a primera vista, con el de la consultora, sino con el de un estudio jurídico. Nuevo Diario se comunicó con uno de los abogados de ese estudio, quien dijo conocer la consultora y sostuvo que iba a haber comunicación de los titulares de la entidad con este medio, para que puedan dar su versión. El llamado no llegó.

Por otra parte, y según las consultas que se habían realizado anteriormente al ex titular de la desaparecida Subsecretaría de lucha contra las Adicciones, Gustavo Farquharson, y a la actual titular de la Secretaría de Salud Mental y lucha contra las Adicciones, Claudia Roman Ru, ninguno conocía a la consultora que, en sus informes, indicaba (entre otros puntos), que la falencia que podían detectar era "escasa coordinación entre áreas de gobierno".