Luego de que el Gobernador José Alperovich regresara sobre sus pasos y anunciara que finalmente el Casino de Tucumán no se privatizará sino que en lugar de ello se otorgará en comodato el ex hotel Savoy a la empresa Ivisa S.A., que es la misma que desde hace unos años está a cargo de la administración de las maquinas tragamonedas que funcionan allí, los reparos opositores ganaron nuevamente protagonismo.

En este caso, desde la Democracia Cristiana se manifestó la negativa a esta concesión y requirió además se considere la ampliación y recuperación del Casino para que provea de recursos a la salud y educación, que constituyeron motivo de su fundación.

"El Gobernador sigue manejando el patrimonio público como propio, y favorece a una empresa que tuvo una concesión con importantes créditos de la Caja Popular", sostuvo el legislador que representa a este espacio político en el Parlamento, José Páez.

Respecto a esto último, vale decir que la Caja Popular de Ahorros destinó, en condición de préstamo, entre 2005 y 2010 a la empresa mencionada anteriormente una suma cercana a los 15 millones de pesos.

De acuerdo a las consideraciones vertidas desde la agrupación refractaria al oficialismo tucumano, la forma de lograr que el Casino produzca utilidades y se vuelquen éstas a la Salud y a la Educación es que recupere sus salas de juego y se rescinda la concesión por máquinas tragamonedas, que son la causa de la disminución de utilidad del Casino en los últimos años.

"Debe dejarse sin efecto la posibilidad de concesionar el Ex Hotel Savoy, que otrora fuera el mejor hotel de Tucumán, y que constituye parte del Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia, más aún si ello con lleva el cese de las negociaciones con Ivisa, empresa ligada a Ciccone Calcográfica, que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta pública por el conflicto suscitado con la investigación por influencias del Vicepresidente Amado Boudou", recalcó del democristiano.

En tal sentido, la vinculación de ambas firmas se remonta a 1995 cuando participaron en la licitación nacional para la confección y emisión de cédulas y pasaportes.

Al tiempo de recordar que durante la década del 60 los fondos del juego oficial sirvieron para obras de bien público, como hospitales, escuelas o bien préstamos para construcción de viviendas, Páez aseveró que “el juego estatal con fines de utilidad pública tiene efectos positivos para la sociedad, no así el privado que recicla sus utilidades en lacras sociales", argumentó el legislador.