Finalmente y luego del intento fallido de los diputados por interpelar al presidente de la Comisión administradora del fondo especial de Salto Grande (Cafesg), el ministro de Gobierno Adán Bahl concurrió este miércoles a la cámara Baja, donde brindó respuestas a los legisladores sobre diferentes interrogantes y acusaciones que recaen sobre el organismo que administra el concordiense.

Además del tema de los sobreprecios, también preocupaba a los legisladores el cobro indebido por parte de los municipios de obras financiadas por la Cafesg, como también algunos aspectos relativos al funcionamiento del organismo, presupuesto, adjudicaciones de obras, entre otros.

¿Malversación?

Uno de los puntos salientes tuvo que ver con la consulta del diputado de Eduardo Jourdán (Peronismo Federal) que preguntó al funcionario si tenía conocimiento de la existencia de un convenio –firmado el 15 de marzo de 2010- entre la Cafesg y la secretaría de Energía de la Nación y que a través del mismo se acuerda la realización de obras con plata de Cafesg en un espacio del Estado nacional.

El diputado preguntó retóricamente “si pueden aplicarse a obras correspondientes al Estado nacional sin una ley que lo autorice”, interrogó al ministro sobre cuáles son los instrumentos jurídicos que lo permiten y señaló que se trata de “una obra del gobierno nacional” cuando, se entiende, los fondos de la Cafesg tienen fines de resarcimiento y se aplican dentro del territorio de la provincia y, puntualmente, en las localidades comprendidas dentro de la micro región de Salto Grande.

Según menciona el citado convenio, las obras corresponden al “Complejo Turístico Salto Grande”, que incluye “el Hotel Ayuí, el parador Punta Viracho y el camping Las Palmeras y sus respectivas zonas aledañas, así como los balnearios ubicados en la Península Gregorio Soler, el Pozo Termal y las obras de iluminación, caminería interior y embellecimiento de sus inmediaciones. También toma a su cargo la defensa de la Bahía Santa Ana”.

El ministro se limitó a responder que al no estar presupuestadas, las obras no tendrían por qué iniciarse, lo que daría tiempo para revisar si corresponde la aplicación de los fondos. Sin embargo, Jourdán retrucó que “las piletas en el complejo termal ya se han construido. Con eso, parte esos $212 millones ya se han incorporado sin respaldo legislativo”.

La deuda

Otra de las preguntas clave apuntó a la deuda que la secretaría de Energía de la Nación mantiene con la Cafesg en concepto de excedentes de la represa. En este sentido Jourdán consultó por las gestiones realizas para regularizar la remisión de fondos que, se constató, acordada en el mismo convenio. En su cláusula Tercera, la Nación se compromete al pago de nueve cuotas (la primera por $50 millones en marzo pasado y las ocho restantes por $25 millones) que suman un total de $25 millones que incluyen los $212 adeudados y $38 que, se estima, se generarán en lo que queda de 2010.

Desde la bancada radical preguntaron por qué gestiones se realizaron “para que se dejen sin efectos las resoluciones 406 y 943 (de septiembre y noviembre de 2003) de la Secretaría de Energía de la Nación, en cuya virtud se dejaron de remitir en forma automática los montos excedentes de Salto Grande, convirtiendo en virtual lo dispuesto por la Ley 25.671”, a lo que el funcionario respondió que desconoce si la gestión de ese momento o la actual han emprendido acciones al respecto pero aseguró que se comunicó con el Fiscal de Estado para que averigüe y lleve adelante las acciones que correspondan.

Sobreprecios

No quedaron afuera de la interpelación los sobreprecios que según, se denunció, habrían existido en Villaguay –se habló del pago de $400 mil por cuadra de asfalto cuando las cifras que se manejan habitualmente en el mercado rondan los $100 mil-. Al respecto el ministro explicó a las consultas del bloque radical que “el proceso de determinación de precios de cada obra que licita Cafesg es el que surge del presupuesto oficial de cada obra, determinado por las áreas técnicas pertinentes, tomando como referencia valores de mercado”.

En cuanto a los criterios de distribución de obras en las ciudades incluidas en la región el funcionario respondió que “previo a la elaboración del presupuesto se fija un orden de prioridades de acuerdo a las obras solicitadas” al organismo. “Así se elabora el presupuesto de la Cafesg que luego –junto con el de otros organismos- pasa a formar parte del presupuesto provincial”.

Cobros indebidos

“Los fondos que utiliza la Comisión Administradora no son reintegrados por los municipios”, confirmó el ministro y admitió que “se tiene conocimientos de requerimientos judiciales iniciados por vecinos de Concepción del Uruguay”, al ser consultado sobre las denuncias por cobros compulsivos de parte de algunos municipios.

En este sentido, la diputada radical Mirta Alderete señaló que “en Chajarí se hacen obras de asfaltado con fondos de Cafesg y los vecinos se encuentran con la sorpresa de que esas obras tiene un requerimiento judicial, algunos se encuentran inhibidos por no pagar”.

Bahl despegó a la Cafesg y la Provincia de la responsabilidad por estos hechos debido a que “las municipalidades tienen su autonomía y los Concejos deliberantes sus facultados para determinar si se cobra o no y, eventualmente, siempre va existir el estrado judicial para efectuar el reclamo de los vecinos. Si los municipios están cobrando será una decisión autónoma de la que deberán hacerse cargo”.