Las consecuencias del alud que en febrero de 2009 se abatió sobre Tartagal todavía se hacen sentir. El diputado Darío Valenzuela -ex intendente de esa ciudad- cuestionó que el Instituto Provincial de Vivienda se audite a sí mismo después de que vecinos de esa ciudad denunciaran que no se habían cumplido con las obras de refacción de sus viviendas, encaradas por ese organismo.
Después del alud, la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación firmó un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda para la refacción de 450 viviendas, por un monto de 11.070.000 de pesos, a razón de 24600 en cada una.
Sin embargo, tras la conclusión de las obras, vecinos comenzaron a denunciar que no se habían cumplido las refacciones.
Y en un medio de Tartagal se denunció ayer que la municipalidad se llegó a pagar por obras que directamente no se habían cumplido.
Un caso
El sitio de Video Tar presentó ayer el caso de Manuel Vázquez, quien confirmó que el municipio le pagó 18 mil pesos por una obra en la casa de una familia de apellido Ibáñez, pese a que tiene un "cero por ciento" de avance. La conformidad de la obra, según se consignó allí, habría sido firmada por una persona ya fallecida.
Según ese medio de prensa, la cooperativa de Manuel Vázquez encargada de realizar las tareas tiene facturaciones por más de 200 mil pesos.
Las denuncias de particulares ya habían hecho que el Defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Stella, recomendara la realización de una auditoría, lo que motivó la resolución 264 por la cual el IPV realizará una auditoría sobre el caso.
"Si ellos eran los que tenían que controlar y administrar esos fondos, porqué tienen que hacer ellos una auditoría. Es una medida extemporánea", resaltó Valenzuela.
El funcionario presentó un pedido al ministro de Finanzas, Carlos Parodi, y a la presidenta del IPV, Adriana Krumpholz, para que informen sobre el contenido del convenio suscripto a su vez entre el Instituto y la Municipalidad de Tartagal.
Es que, como en el caso por denunciado por Video Tar, las "certificaciones" de las obras realizadas por las cooperativas habrían sido hechas por la Municipalidad a cargo de Sergio Leavy.
Valenzuela pretende que una vez que se aclaren los términos del convenio entre el IPV y la Municipalidad sea la Auditoría General de la Provincia la que investigue las irregularidades denunciadas.
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