Con respecto a Mariscal, fuentes judiciales de Tartagal, revelaron que en el año 2004, la secretaría de superintendencia del Poder Judicial sancionó al este funcionario por violencia laboral, puesto un año antes, las sumariantes Marta Nallar, Juana Yapura, María Díaz y Pedro Albis dijeron haber sido víctimas de maltratos reiterados por parte del hoy secretario penal.

Al respecto, fuentes judiciales de Tartagal revelaron que en el año 2006, Mariscal se encontraba ternado con otros abogados, para ocupar el cargo de fiscal de instrucción. Sin embargo, el Colegio de la Magistratura, a partir de los antecedentes que obran en el expediente 026196/04, emitido por la Súper intendencia de la Corte de Justicia de Salta, evaluó la inconveniencia de su designación.

Por otra parte, en Tartagal se habla de otro caso de violencia, presuntamente, protagonizado por el candidato a juez. Fue en el año 2004 y el escenario habría sido el mismo juzgado, donde hoy se desempeña como secretario penal.

Según las fuentes, se trata de un episodio ocurrido en el juzgado, donde el funcionario habría extraído la faja de un arma de fuego, incautada en un domicilio, con la cual le apuntó en la cabeza a una compañera, dicéndole: "Y si te mato", tras lo cual la empleada se desmayó.

Ante este episodio, cuentas los empleados judiciales, la Corte de Justicia, que llevó a cabo un sumario, le hizo un severo llamado de atención.

Al respecto, las fuentes dieron a conocer parte de esa resolución del alto tribunal. "Hágase un severo llamado de atención al Dr. Héctor Mariscal Astigueta en alusión a los hechos denunciados por Nallar, Yapura, Díaz y Albis".

El Consejo de la Magistratura y Al Colegio público de Abogados, según fuentes judiciales, están al tanto de estos episodios, ya que el Corte de Justicia dispuso que se giren las actuaciones del sumario y su resolución a éstos dos órganos de contralor de los profesionales del Derecho.

Posteriormente, agregaron las fuentes, la jueza de Corte, María Cristina Garros Martínez, habría solicitado que los antecedentes del caso fueran girados a la fiscalía penal a fin de que se evalúe si el funcionario habría incurrido en algún delito penal, sin embargo nunca más se supo nada al respecto.

A fines del año pasado, en tanto, las fuentes dieron a conocer que Mariscal habría sido protagonista de otro grave hecho de violencia, aunque esta vez se produjo en su entorno familiar, pero debido a presión ejercida por el funcionario el caso no llegó a los estrados de la justicia, no obstante, la policía posee constancia de lo sucedido en un informe policial.

Empleados, colegas y abogados se mostraron disconformes con la designación de Mariscal, a quien definen como un hombre de extrema violencia, lo cual no lo calificaría para la función de magistrado, especialmente en una ciudad donde los conflictos sociales están a la orden del día.

El pliego con la propuesta de Mariscal, como el caso de Pfister Aráoz, se encuentra ya en el Senado, cuerpo legislativo que mañana deberá darle acuerdo o no a estas postulaciones hechas por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey.