Continúan las repercusiones en torno a la Resolución 1.252 que establece los pasos a seguir para los casos en los que una mujer busque abortar porque corre peligro su salud o porque fue víctima de una violación, dictada por el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

La diputada María Rachid (Frente para la Victoria) cuestionó la disposición: "Establece que las personas menores de 18 años de edad deberán contar con el consentimiento de su representante legal. El proyecto consensuado por la oposición lo requiere con relación a las personas menores de 14 años, respetando la capacidad progresiva de los/as niños/as y adolescentes y debido a que las estadísticas establecen que constituyen la franja estaría más vulnerable a la violencia sexual".

A lo que agregó: "En caso de violación, la Resolución limita la práctica a las 12 semanas de gestación. Límite que no establece el Código Penal ni el fallo de la CSJN y que no responde a conceptos médicos en cada caso particular, sino a una concepción ideológica del Gobierno de la Ciudad, que así obstaculiza el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en los casos del artículo 86. También obliga a dar asistencia psicológica a la mujer durante todo el proceso. Debería ser una facultad de la persona incursa en las situaciones que prevé el artículo 86 del Código Penal, quien decida si necesita o no tal asistencia, lo contrario implica una actitud paternalista del Estado, que es, a su vez, patologizante".

Asimismo, Rachid sostuvo: "La Resolución faculta a los/as médicos/as a que en cada caso concreto puedan ejercer la objeción de conciencia. Ello viola lo dispuesto claramente por la CSJN, la cual afirmó que debe exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de implementar el protocolo o al inicio de las actividades en el efector correspondiente. También establece la confidencialidad de los/as médicos/as objetores/as. Al respecto, nuestro proyecto prevé que el/la profesional debe manifestar si es objetor/a en el marco de la primera consulta, de manera que la persona pueda decidir si continúa o no atendiéndose con el/la mismo/a profesional".

Además, la diputada expresó: "A diferencia de nuestro proyecto, esta Resolución no prevé sanciones para quienes violan el protocolo en clara violación al fallo de la CSJN.

Tanto el Código Penal como el fallo de la CSJN establecen claramente que no puede obligarse a las víctimas de violación a efectuar denuncias penales para acceder a la práctica del aborto no punible, bastando una declaración jurada. Y evidentemente no le corresponde a los efectores de salud judicializar estas situaciones. No obstante ello, el formulario de declaración jurada incluido en la resolución exige requisitos que se asemejan, en la práctica, a una denuncia penal (datos del agresor, circunstancias del hecho, entre otras). La voluntad de obstaculizar este derecho surge claramente de la resolución al exigir que las personas declaren que no existe la posibilidad de que el embarazo sea producto de ninguna otra relación sexual".

"Desde el inicio del debate en la Legislatura, el oficialismo ha obstaculizado permanentemente la posibilidad de sancionar una ley conforme a los lineamientos del fallo de la CSJN. Habiendo la oposición consensuado un único texto progresista y conforme al fallo citado y avanzado el proyecto en su tratamiento en comisiones, no queda duda que la oportunidad en que se emitió esta resolución y su contenido responde a la finalidad de obstaculizar que los/as habitantes de esta Ciudad accedan a un derecho previsto en nuestro Código Penal desde 1921", concluyó Rachid.

Por su parte, la legisladora por Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón aseguró: "Este protocolo confirma la estrategia del macrismo de obstaculizar el derecho al aborto no punible; ya que presenta una serie de requisitos y trabas burocráticas que no tienen otro fin que dificultar la realización del aborto".

"El propio Macri solicitó en marzo de este año que La legislatura se expidiera sobre los procedimientos para la atención integral de los abortos no punibles. Llama la atención, que luego de no haber llegado a un acuerdo entre los diputados de su propio bloque durante el tratamiento de los proyectos en comisión, ahora haya dictado una resolución del Ministerio de salud, que es más restrictiva que el fallo de la Corte Suprema de Justicia", agregó.

Entre los puntos cuestionables, la legisladora alertó que "nos preocupa seriamente la situación para las menores, ya que se va a requerir la autorización de su representante legal, desconociendo los leyes específicas de protección integral de los derechos de la niñez, y no teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos, los violadores se encuentran en el propio seno familiar".

Además, señaló algunas dudas sobre la función del equipo interdisciplinario: "La resolución prevé un equipo interdisciplinario de profesionales que tiene la función de evaluar cada situación, cuando conceptualmente debería contener, atender a la mujer; no queda claro qué tipo de evaluaciones deben realizar y si éstas pueden llegar a intentar modificar su decisión".

Otro punto en cuestión es el de los objetores de conciencia y la confidencialidad de la identificación de los mismos. "Teniendo en cuenta la dificultad para conseguir turnos en los hospitales públicos, si la mujer es atendida por un objetor de conciencia sin saberlo, además de atravesar esta difícil situación, tendría que solicitar un nuevo turno con otro médico, perdiendo un tiempo considerable, cuando además ha puesto el límite de las 12 semanas de gestación", amplió.

Finalmente, García Tuñón cuestionó parte del formulario para la declaración jurada: "La declaración jurada entra en detalles respecto a las características del violador, a dónde y cuándo ocurrió, etc, interviniendo en aspectos relacionados con competencias propias de la justicia, innecesarias para el médico que tiene que realizar la práctica del aborto no punible".

A su vez, la plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Gilda Manco, vocal por la Legislatura propuesta por Buenos Aires para Todos, manifestó:"Otro de los puntos que consideramos que podrían obstaculizar el derechos al aborto no punible se vincula con fijar en 12 semanas el tiempo límite para llevar a cabo la interrupción del embarazo ya que podrían presentarse razones médicas que requieran de un aborto tardío, y también sabemos que muchas adolescentes pueden tener diferentes dificultades para acceder a la atención temprana".

En tanto, ante la calificación de "lamentable" del cardenal Jorge Bergoglio al protocolo sobre aborto no punible dictado por el Gobierno porteño, el diputado Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) retrucó: "Más lamentable aún que el limitativo protocolo macrista es la retrógrada intromisión clerical en las decisiones personales. Es urgente establecer la total separación de la Iglesia del Estado".

Bodart, autor de un proyecto de ley de despenalización del aborto, agregó: "Es inaceptable que a esta altura de la historia la cúpula de la Iglesia Católica siga pretendiendo imponer sus dogmas por sobre los derechos de las mujeres".