El abogado Diego Pirota presentó el escrito ante el juez Daniel Rafecas y enumeró, entre otras cosas, que al fiscal le fue delegada la dirección del allanamiento a la propiedad del vicepresidente y, existiendo secreto de sumario, los resultados de la medida –que se encontró un recibo de expensas y tres teléfonos inalámbricos– aparecieron de inmediato en un medio. También Pirota detalla la sospecha por la forma en que se incorporó en el expediente un recibo de Cablevisión, del grupo Clarín, apenas dos horas después de librado un oficio y con sello de recepción del 3 de marzo de 2012, es decir un mes antes. En el texto, Pirota sostiene que se montó “un ardid” para justificar el allanamiento. La recusación debe ser resuelta por Rafecas. Por su parte, Rívolo también le presentó un escrito al juez en el que le manifiesta su apoyo. Anuncia que no lo va a recusar por cuanto considera que “evidenció en la causa un comportamiento estrictamente ajustado a derecho”. Sobre el final de su escrito, Rívolo atribuyó las filtraciones de información a guardias periodísticas habituales en casi todos los casos.

Los argumentos de la defensa de Núñez Carmona serían extensos, aunque el texto no se dio a conocer. En diálogo con Página/12, Pirota señaló que gran parte de la recusación está centrada en el allanamiento al departamento que es propiedad del vicepresidente y que éste tiene alquilado a un abogado que vive en España y pasa temporadas en la Argentina, Fabián Carosso Donatiello, amigo del director de la ex Ciccone, Alejandro Vandenbroele y de Núñez Carmona. En el escrito se mencionaría la gravedad institucional de semejante allanamiento, sobre todo existiendo caminos alternativos: para saber si Vandenbroele vivía o vivió allí –la hipótesis del fiscal– bastaba con citar a testimonial a los porteros, los vecinos o incluso esperar las respuestas de las empresas de servicios sobre los gastos y los pagos de las facturas.

En este último punto, Pirota remarcó que se libraron cinco cédulas a empresas de servicios, incluyendo Telecom, Aysa y Metrogas. Las cédulas tienen un recorrido burocrático que tarda unos días y a veces semanas. Curiosamente –dice el abogado– a la empresa Cablevisión, del grupo Clarín, no se le libró una cédula, sino uno oficio. No está claro cómo se cursó, pero el oficio tiene horario de emisión de las 11.30 y la respuesta de Cablevisión fue a las 13.30 del mismo día. En el recibo que se incorporó a la causa hay un sello que dice 3 de marzo de 2012, y en tinta se corrigió la palabra marzo y se le puso abril encima. La respuesta indicaba que en cuatro oportunidades, Vandenbroele había pagado el servicio de cable. Lo que argumenta Pirota es que el fiscal consiguió el documento por fuera de la causa y lo metió en el expediente de forma irregular, con el objetivo luego de justificar el allanamiento. También se pregunta el letrado cómo Rívolo sabía que en ese departamento había Cablevisión y no DirectTV. Y, obviamente, considera que tiene lógica que Vandenbroele haya pagado algunas facturas de su amigo, por estar éste en España.

Respecto del secreto, Pirota sostiene que no bien el juez firmó la orden de allanamiento, decretó el secreto de sumario y delegó la dirección del procedimiento en el propio fiscal Rívolo. Este envió a Puerto Madero a dos secretarios, que dejaron constancia en el acta que llamaron al fiscal para informarle que habían encontrado tres teléfonos inalámbricos y que luego en el allanamiento a la administración Guillochon secuestraron un recibo de expensas pagado por Vandenbroele. Lo que cuestiona la defensa de Núñez Carmona es que los resultados fueron divulgados a través de Clarín en forma inmediata, con el título de “se encontró el vínculo entre Boudou y Vandenbroele”. Y el único que tenía la información era el fiscal.

La recusación de Rívolo deberá ser resuelta por el juez Rafecas tras una audiencia en la que las partes expondrán sus cuestionamientos y defensas. Se supone que esa audiencia se realizará la semana que viene.

En cuanto a Rívolo, su escrito de seis páginas está destinado a defender al juez ante la divulgación de los mensajes de texto en los cuales intercambia opiniones y consejos con el otro defensor de Núñez Carmona, Ignacio Danuzzo Iturraspe. El fiscal anuncia que no le pedirá a Rafecas que se aparte porque considera que Danuzzo Iturraspe ni siquiera está presentado en la causa y que por lo tanto se trata de diálogos privados. Y agrega que a lo largo del proceso, el magistrado fundamentó las medidas que aceptó y las medidas que rechazó. Rívolo dedica el final del texto a aclarar lo de las filtraciones. Dice que se deben a las guardias periodísticas y que hubo fotógrafos en todos los allanamientos, incluyendo el del departamento propiedad de Boudou, la empresa Ciccone y el domicilio de The Old Fund. Pirota no se refiere en su recusación sólo a lo de los fotógrafos, sino también a la filtración de los resultados de los procedimientos, información que –según él– sólo tenía el fiscal.