“La situación de las amas de casa provinciales fue hasta el mes de diciembre del año 2009 la siguiente: cobraban de la ANSeS , como cualquier otro jubilado por moratoria, un haber previsional que era una suma de entre $400 y $500, con más la cobertura de obra social del PAMI. Este haber lo percibían desde hacía más de cuatro años, en virtud de acto administrativo firme del organismo previsional. A diferencia de cómo lo entienden algunos, no se trataba de un “regalo” sino más bien de un derecho a un beneficio, con rango constitucional, y que en la práctica implica acogerse al beneficio previo convenio de moratoria por todos los años sin aportes que tuviera el peticionante. Es decir, se paga el costo de los aportes pasados a precio actual con importantes intereses (el lector podrá comprender que al peticionante le hubiese “convenido” aportar en vida laboral activa y no en pasividad, en donde por una jubilación mensual de $700 puede haber descuentos de hasta $350). A quienes les interese conocer la normativa, nos referimos a las leyes nacionales 24.241 y 24.476”, indica.

“Por otro lado, los jubilados percibían desde hace más de seis años (o aún más tiempo) un prestación de carácter eminentemente asistencial denominada “ama de casa” y consistente en una suma de $320. En total, la beneficiaria recibía una suma que iba entre $800 y $900, en lo mejor de los casos, más la cobertura de obra social”, agrega.

“Como si esto no fuera mucho, a la ANSeS por razones que aún no conocemos (o que podemos comprender si no tomamos en cuenta que el perjuicio que causa con su conducta repercute en una persona mayor de edad con necesidades, es decir, en nuestros “adultos”), decidió a partir del mes de enero del 2010 cesar en el pago del haber jubilatorio y cortar la cobertura de salud por el PAMI invocando como único sostén de su proceder una presunta incompatibilidad entre el beneficio de jubilación nacional y el ama de casa provincial”, consigna.

“A raíz de este accionar totalmente arbitrario e ilegítimo, y luego de trabajar el tema y las posibles soluciones con los profesionales nucleados en torno a la figura del Dr. Busti, decidimos promover el día 2 de febrero de 2010 (primer día hábil judicial del año) en beneficio de la primera ama de casa afectada una acción de amparo con medida cautelar por ante el Juzgado Federal con asiento en la Ciudad de Paraná, lo que obtuvo una primera resolución judicial favorable”, recuerda

“Previo a todo esto, y existiendo por la ANSeS un intento de realizar esta afectación ya en el año 2008, lo que materializo en agosto de ese año con el envío de cartas documentos a las beneficiarias, motivo que el mismo grupo de trabajo presentáramos una acción meramente declarativa por ante el Juzgado Federal de Paraná”, consigna.

“En conclusión, no solo jurídicamente la conducta de la ANSeS viola normas constitucionales sino que, y lo más grave, afecta a personas de mayor edad que con una suma insignificante de dinero intenta sobrevivir día a día, y que la cobertura de salud del PAMI constituye un apoyo social y económico de enorme valoración en su lucha diaria”, puntualiza.

“Ahora, y según lo publicado por la prensa, volverían a pagar los haberes, corrigiendo, en buena hora, su error y conducta ilegal. Deben hacer lo mismo con la cobertura de salud del PAMI. Y, finalmente, deberán reintegrar los haberes retenidos ilegítimamente durante el lapso de suspensión de los mismos (en la mayoría de los casos desde enero hasta el efectivo reestablecimiento del haber)”, señala el escrito.

“Este problema social lo generó la ANSeS y el mismo organismo, quizás conminado por el accionar judicial ante la promoción de medidas en su contra, decide ahora volver atrás en su conducta. Bienvenido sea, al fin de cuentas, detrás de este problema hay personas adultas con necesidades todos los días”.