En ese sentido, la diputada Diana Conti sostuvo que la Cámara "cumpliendo facultades y deberes exclusivos y excluyentes que le concede el artículo 53 de la Constitución Nacional, está analizando si un ministro de la corte -por exceder los 75 años de edad que fija la carta magna para el ejercicio del cargo- continúa con la idoneidad requerida a tal efecto".

"Ningún juez de la Nación puede avasallar esta facultad del Congreso, puesto que se trata de una cuestión no justiciable", agregó.

A la vez, expresó que el presidente de la Cámara "planteó una cuestión de privilegio que la Comisión de Asuntos Constitucionales ha comenzado a analizar para tratarla en la próxima reunión, a los fines de hacerle saber a Ercolini que la actuación de la Comisión de Juicio Político en el caso Fayt no puede ser judicializada. Por este motivo, el Congreso no permitirá intromisión alguna de su parte".

En el mismo sentido se pronunció María del Carmen Bianchi, al sostener que "la intromisión del juez Ercolini, muestra el estado de confusión en el que se encuentra una parte del Poder Judicial que lo lleva a pretender legislar y gobernar a pesar de no haber sido elegidos para ello".

"La Judicialización de la política y la politización de la Justicia tienen a mi juicio tres efectos gravísimos: Por un lado el Poder Judicial actúa como soporte de la negación de las minorías parlamentarias de su condición de tal, obturando la voluntad de las mayorías que se expresan en las urnas, lo cual degrada la Democracia", dijo.

Enseguida agregó que "por otro lado Ercolini pretende convertir al propio Poder Judicial en un poder por encima de los otros, lo cual afecta y degrada la República. Y lo que es, a mi juicio, el más grave de los efectos es que se pierde de vista los derechos de los ciudadanos, que es la razón de ser de los tres poderes del Estado".

"Creo que esta nueva intervención judicial está en clara consonancia con la hasta ahora nunca discutida capacidad de la Corte Suprema para declarar inconstitucional a la propia Constitución en un tema que afecta a la Corte únicamente -expresión de poder aristocrático, si lo hay-, y que es el hecho aberrante que está en la base de este conflicto actual", concluyó.

A su turno la diputada Julia Argentina Perié reafirmó que seguirá "creyendo en la división de poderes", y añadió que "la Comisión de Juicio Político, como las demás comisiones que integro en la Cámara de Diputados, llevan adelante herramientas avaladas explícitamente por la Constitución Nacional".

"Por eso que, junto a los compañeros de mi bloque que integran la Comisión, seguiremos defendiendo lo actuado en nuestra condición de representantes del pueblo argentino", puntualizó.