Es decir que uno de cada cinco de ellos se forma curricularmente en aulas de gestión privada, subsidiadas por el Estado provincial y en algunos casos recibiendo fondos extras desde Nación y de las propias comunas donde se encuentran. Si se consideran en forma conjunta los cuatro niveles puede observarse que los privados cubren al 19% de la matrícula. Sin embargo, este alcance del sector privado se registra mayormente en las ciudades de Santa Rosa y General Pico, es decir las más densamente pobladas de la provincia. En las áreas rurales y del oeste pobre, la oferta privada sólo llega al 4% de los matriculados.

Con privilegios públicos.

Aquí, al igual que en otras provincias, el Estado no solamente financia a las escuelas estatales, sino que también subsidia la educación que imparten los establecimientos del sector privado. ¿Por qué no tomar como ejemplo a nuestro vecino Uruguay donde la totalidad de los recursos educativos van a la enseñanza pública? Por acá, el 12% de las trasferencias al sistema educativo pampeano va a parar a establecimientos privados, cuando la media en el país llega a 10,7% con una subvención diaria de $31 por alumno.

Los chicos contenidos por la educación privada tienen un perfil socioeconómico mucho más alto que la media de la provincia. Según datos del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), relevados en el año 2010, mientras en el sector de gestión privada, el 22% de los alumnos que asistían a los niveles inicial y primario pertenecía al 30% de la población más pobre, en el sector de gestión estatal esta proporción superaba los 42 puntos porcentuales.

En el nivel secundario estas proporciones son similares. Las escuelas confesionales, que representan el 21% del total del universo de gestión privada en la provincia, son la que reciben mejores beneficios económicos en el otorgamiento de aportes públicos si se la compara con las no confesionales. Desde hace 65 años, en 1947, cuando se sancionó la ley nacional por la cual se establecía el subsidio del Estado a las escuelas privadas, aquí en La Pampa se siguen destinando ingentes recursos para subvencionar el 60% de sus gastos (salarios y contribuciones patronales) en establecimientos educativos de gestión privada, que muchas veces reciben más dinero público del Estado Nacional o comunal.

Confesionales y de lucro.

La crítica al Estado provincial por subvencionar a la escuela de instancia privada en épocas de fuerte reclamos gremiales deja acotado el sostenimiento de la escuela pública, obligatoria, gratuita y laica como lo dispone la Constitución. Aquí el Departamento de Enseñanza Privada (DEP), dependiente de la Subsecretaría de Educación, es el órgano de contralor administrativo de los Establecimientos Públicos de Gestión Privada que imparten enseñanza oficial en todos los niveles. El DEP es el órgano de aplicación de la Ley Provincial de Educación 1682 y su Decreto Reglamentario 1885/96 que hoy sigue funcionando con la nueva Ley.

Según el Ministerio de Educación, la matrícula en 2009 de establecimientos públicos de gestión privada era de 12.500 alumnos (hoy trepa a los 15.088), distribuidos en aquel momento según los niveles en: 1.288 alumnos en Nivel Inicial; 2.904, en EGB I y II; 2.314, en EGB III; 3.844, en Polimodal; y 2.150, en Nivel Superior. En total son 57 establecimientos educativos, de los cuales trece son confesionales católicos; uno confesional no católico y 43 no confesionales. El 51% se encuentra en distintas localidades del interior provincial y 19 son el único servicio educativo en el medio donde están.

Oferta educativa fragmentada

Según el Siteal (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina) el carácter público del sistema educativo está dado por tres elementos. El primero es la gratuidad y obligatoriedad de las escuelas dependientes del Estado. El segundo componente es la diversidad de la matrícula, o sea la inexistencia de discriminación, es decir una escuela para todos. Esto no es propio del sistema privado que a través de distintos mecanismos segrega y discrimina, ya sea por religión, por nivel socioeconómico o por enfoque ideológico de sus dueños o responsables. El tercero es la existencia de concursos públicos para la designación de sus docentes, porque esto impide la discriminación ideológica del docente por parte de una entidad particular y, por lo tanto, abre la potencialidad de la existencia de un conocimiento público.

Por el contrario, las escuelas privadas suponen una preselección de lo que se enseña y del enfoque que se da a través, no solamente de la selección de los alumnos y, por lo tanto, de su familia, sino de los docentes que son designados arbitrariamente por el cuerpo que conduce esa entidad privada. Lo concreto es que la educación aquí, como puede apreciarse en el cuadro anexo, está financiada casi en su totalidad con recursos de todos los comprovincianos en la increíble cifra de 165,7 millones por año.

En la actualidad, la escuela estatal ha visto deteriorado su carácter público debido a la pérdida del segundo de sus componentes: el corrimiento de matrícula de sectores medios o incluso populares no excluidos, a escuelas privadas. Poco y nada se hace, según la visión supuestamente progresista del gobierno provincial, al respecto.