Pocos temas llevan al comentario permanente del ciudadano contribuyente, ese que con su esfuerzo se ocupa de mantener los gastos del Estado, como encontrar el punto ciego que hace que las cuentas de la lucha contra el índice de criminalidad nunca cierren.

Las personas se preguntan con insistencia – aun sin saber demasiado de la manera que tienen de funcionar los tribunales, ni de las injerencias de cada uno de los estamentos judiciales- si es que la policía no corre lo suficiente, si es que los candados de los calabozos son muy flojos. Si es que los empleados de tribunales tienen también “tendinitis”. Si es que existe una falencia inherente a esta dificultad que tiene el Poder Judicial para hacer justicia de la manera más civilizada que nuestra cultura ha encontrado.

Porque no les sale. Sólo cumplen condena los perejiles más bajos. Porque los perejiles que crecen, también están sueltos.

Este semanario se ha ocupado de señalar insistentemente algunos perfiles de la ineficiencia marcada dentro del sistema. Hemos hablado de jueces que toman decisiones por teléfono para no tener que moverse de sus cómodos domicilios, para ver realmente de qué va la cosa. Son los que se contentan sólo con lo que se ve en la prensa.

También se ha señalado la importancia que cobró la labor de las fiscalías desde la reforma del código de procedimientos del ‘99, y de la poca idoneidad que se puso en juego en los concursos que cumplieron con rellenar esos despachos de cargos, de la noche a la mañana. Es decir, hablando mal y pronto, para ser fiscal no había que ser más que abogado. Y poco era necesario conocer de los procedimientos judiciales que se iban poner en juego durante la instrucción, a juzgar por los resultados obtenidos y las pocas luces de algunos de los triunfadores. No olvidemos el bajísimo promedio histórico de la Faculta de Derecho en esta ciudad, que es algo así como un promedio de los promedios visto en eje temporal de perspectiva de malos estudiantes.

La reforma del código de procedimientos surgió luego del caso Cabezas, y de otra serie de crímenes de resonante primera plana, que habían puesto en evidencia la connivencia policial. Por lo tanto, se intentaba de esta manera quitar funciones precisas de instrucción a las fuerzas de seguridad y negarles la injerencia que históricamente habían tendido en la suerte que correría el detenido.

La policía se limitaría ahora a efectuar la detención y poner al acusado a disposición del Poder Judicial. Así los fiscales se convirtieron en personajes poderosos y mediáticos, que supuestamente se encargarían de agilizar y trasparentar el proceso, gracias a una formación humanística y jurídica privilegiada. Nunca pasó.

Cara a cara

Pero esto no fue todo. Desde aquí se inició una más de las polémicas en las que ocupan el tiempo los abogados. Mientras tanto, los papeles se acumulan y no trabaja nadie. Hace un tiempo, el fiscal general Fabián Fernández Garello, por ejemplo, ocupó una energía enorme en realizar una encendida defensa del sistema de fiscalías al cumplirse diez años de la reforma. Y planteó allí una serie de loas al funcionamiento del sistema que no fue muy bien recibido por todos.

Porque el documento viene a ser una eslabón más de la polémica que el fiscal general lleva adelante con el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Román González, quien en una entrevista en la 99.9 se esmeró en precisar sus discrepancias con el funcionario judicial: “no estamos de acuerdo porque nosotros creemos que él debe marcar las políticas en criminalística”.

Afirmó además, en lo referido específicamente a las fiscalías de delitos económicos, que es necesario que se ponga en juego mayor profesionalismo en el tratamiento de los casos, porque la estafa es en general el origen de otros delitos.

González se explayó en detallar la manera en que a partir de allí, la discusión se disparó a otras cuestiones que están -a su criterio- fuera del ángulo de la discusión: el tema de fondo pasó a ser qué es lo que pasará con los abogados que son objeto de acusaciones por parte de la fiscalía, el verdadero tema que enfrenta a las partes. Dijo González: “él (por Fernández Garello) es el titular de la acción penal y debe dar el ejemplo, porque el pacto de convivencia está roto desde hace tiempo en esta ciudad”.

La cuestión pasa por la sanción disciplinaria que el Colegio aplicaría a quienes son objeto de un proceso judicial, y al respecto el presidente explicó que ésta siempre es posterior a la condena. Pero que en algunos casos, reconoció, el Colegio ha actuado por la simple imputación de ciertos delitos graves, que fueron de conocimiento público. Ahora bien: ¿cuáles fueron esos casos?, ¿por qué esos?

El presidente aclaró que el Colegio no realiza una investigación de oficio, y que solamente actúa a partir de la denuncia o de la notificación fehaciente de una condena. De esto habla Fernández Garello en su respuesta del 12 de septiembre de este año, cuando menciona una acción corporativa de parte de los profesionales del derecho: “el señor presidente del Colegio de Abogados local podría hacer un generoso aporte a la trasparencia del control del ejercicio de la matrícula, si publicara en los medios gráficos la nómina completa de quienes, en muchos casos, han sido condenados y sus sentencias han quedado firmes”.

Dormidos

Parece que unos abogados pueden ser más abogados que otros. Algunos son inmediatamente objeto de difusión en los medios de prensa cuando cometen una falta, y otros no. Algunos son investigados por desidia o inacción, y otros pueden dormir en los laureles de un cargo, de manera indefinida. También pueden ser simplemente trasladados, cuando caen en las sospechas de crímenes gravísimos, como sucedió con el fiscal García Berro cuando apareció en la agenda de una de las prostitutas desaparecidas de esta ciudad.

Pero a veces no se trata de robar o matar, sino simplemente de no trabajar, y generar de esa manera al Estado una erogación inapropiada e inútil, ya que de las paladas de dinero que cuesta mantener una fiscalía en pie, poco y nada suele obtenerse.

Recientemente, el abogado Martín Ferrá publicó una investigación a propósito del funcionamiento de las fiscalías de delitos económicos, más precisamente las 9 y 10. Él se había visto afectado por la desidia imperante cuando se presentó representando a una de las damnificadas por la usurpación de propiedades en los barrios del sur de la ciudad, y había iniciado allí un peregrinar para esclarecer un delito cuyas pruebas estaban al alcance de la mano de cualquiera. La usurpadora había falsificado un boleto de compraventa para quedarse con el lote, y como resultado fue acusada únicamente de la falsificación, pero no por la usurpación del bien.

Ferrá, preocupado por semejante error de procedimiento, comenzó a precisar la lente de observación, y se enteró de que había habido una recomendación judicial para que se investigaran las causas por usurpación en conjunto, precisamente para poder identificar a las bandas que se dedican a tales maniobras delictivas, y separarlas de cualquier caso de necesidad e indigencia. Pero tal cosa no pasó: las causas seguían tratándose por separado, por lo cual la usurpadora de aquel lote nunca fue condenada por reincidencia, aunque se comprobó que además había usurpado una valiosa propiedad en Punta Mogotes.

A partir de aquí, Ferrá realiza una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia, ante la fiscalía de flagrancia de Pablo Adrián Cistoldi. Pide así que se investiguen las irregularidades ocurridas precisamente durante la instrucción de la causa por usurpación, que cursó en la fiscalía de Eduardo Amavet, la unidad fiscal 9.

La denuncia acompaña al informe que da cuenta de la bajísima efectividad que registra aquella fiscalía, en relación con la morosidad y desidia que manifiesta: la mayoría de las causas se desestiman o son archivadas, un bajísimo porcentaje es elevado a juicio, y menos aun reciben condena. Por lo expuesto solicita la realización de una auditoría integral interna para deslindar responsabilidades acerca de estas cuestiones.

Según el sistema de investigación SIMP, del ministerio público fiscal, se ha podido precisar que esa fiscalía recibe anualmente en promedio unas 700 causas. Solamente en el 2010, la fiscalía 9 desestimó 157, archivó 489, y se declaró incompetente en 53. ¿Qué estuvieron haciendo? Cobrando mucha plata. Haciendo que una serie de delitos económicos duerman el sueño de los cajones empolvados. No por estar colapsados, como siempre dicen, sino -en el mejor de los casos- por simple falta de idoneidad y energía laboral.

No se trata de acusar de connivencia sin pruebas, ni de pensar que a alguien le conviene que los delitos económicos y las estafas no se investiguen. Alcanza con seguir a Ferrá para entender que al menos los deberes de un funcionario público bien pago no se están cumpliendo. Y veces no se cumplen porque los implicados no los saben cumplir.

Habría que enviar el comunicado a la ilustre casa de estudios que produce en esta ciudad profesionales del derecho. Esos que con frecuencia son rechazados, aun desde el aviso clasificado que solicita abogados para trabajar en los grandes estudios. Habría que decirles que, para criar cuervos, por lo menos hay que criarlos bien.