El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, continúa sumando problemas en el marco de la polémica causa que investiga a la imprenta Ciccone Calcográfica. Ayer fue el juez Daniel Rafecas quien, a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, ordenó el allanamiento a una propiedad del rockstar kirchnerista, que se enteró del procedimiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se llevó a cabo la inauguración del nuevo aeropuerto.

Se trata de un departamento ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero -Juana Manso 740, piso 25- en el que estaría viviendo Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Alejandro Vandenbroele, dueño de la cuestionada imprenta y principal acusado de ser “testaferro” de Boudou. Este inmueble, además, se encuentra a unos cien metros de la residencia actual del exministro de Economía.

Según trascendió, el juez Rafecas habría encontró en el allanamiento documentación que revela que las expensas de Boudou, correspondientes al mes de agosto de 2011, fueron pagadas por Vandenbroele. También se habría descubierto que el titular de la ex Ciccone sería el contacto con la administradora en temas de esa propiedad.

Fuentes judiciales aseguraron que durante el operativo se notificó que la propiedad estaba desocupada “desde hace varios meses” y remarcaron también que el fiscal Rívolo “se retiró del edificio con documentación vinculada al departamento”.

Cabe destacar que el allanamiento tuvo lugar luego de que el vicepresidente fuera denunciado públicamente por la antigua esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, quien aseguró que su exmarido compartía algunos negocios con Boudou. Este último, en respuesta a las declaraciones de Muñoz, intentó negar las versiones asegurando que no conocía al dueño de la empresa, pero no hizo más que echar leña al fuego.

En este sentido, ya son varios los que en Casa Rosada empiezan a alejarse del exministro de Economía para no quedar manchados y salir indemnes de todo tipo de acusaciones. El caso más rutilante fue el del ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien dijo que “uno no puede poner las manos en el fuego por nadie”.

En la misma sintonía, el senador oficialista Aníbal Fernández señaló que “yo no tengo que poner las manos en el fuego por nadie porque no es mi deber, no es mi responsabilidad, no soy quien tiene que estar en este tema”, y se mostró a favor de la postura de Randazzo. Sin embargo, el exjefe de Gabinete también mostró algunos signos contradictorios, propios del kirchnerismo, luego de afirmar ante la prensa: “¿Cómo no voy a confiar en Amado?”.

Asoma otra acusación

Al cierre de esta edición también se supo que Guillermo Gabela, empresario de la firma Boldt, declaró que el socio comercial de Amado Boudou, Miguel Núñez Carmona, lo presionó para que les cediera una planta de la firma Ciccone, que se encontraba alquilada.

Según el testimonio de Gabela, Núñez Carmona dijo que actuaba de parte del actual vicepresidente de la Nación a la hora de exigirle que dejara la planta impresora.

Stolbizer: “Debe pedir licencia”

La titular del bloque del Frente Amplio Progresista (FAP) en el Congreso nacional, Margarita Stolbizer, afirmó ayer que “la marcha de la investigación impone que el vicepresidente se aparte de cualquier lugar que le implique el reconocimiento de fueros o posiciones de poder”.

“La noticia será vista internacionalmente como lo que es: un verdadero escándalo. El allanamiento del domicilio particular del vicepresidente de la Nación implica el reconocimiento de un estado de situación que lo compromete, por lo menos en la sospecha”, dijo Stolbizer en un comunicado.

Asimismo, consideró que “la Justicia debe encontrar el camino allanado para una correcta investigación. Y la Presidenta de la Nación también debe ser liberada de tener que sostenerlo, lo mismo que el resto de los funcionarios del Gobierno”.

“Si Dilma Rousseff pudo deshacerse de ministros sospechados de corrupción y fortalecerse, CFK debe pensar en un camino similar”, aseguró la referente del FAP.