Alfonsina Mercado está esperando terminar con una sucesión que le permitirá disponer libremente de los bienes que como legado le dejó su madre. Lo que le falta para completar el trámite es que en los Tribunales alguien le coloque un sello al expediente. Es sólo eso. En condiciones normales, son dos segundos y asunto liquidado.

Sin embargo, el conflicto salarial entre los trabajadores judiciales y el Gobierno bonaerense multiplicó la espera de Mercado a plazos a priori impensados, tanto que hoy cumple tres meses esperando que aquel breve pero fundamental trámite administrativo se concrete de una buena vez.

Su caso es el reflejo de la situación que les toca vivir a cientos de juninenses en la actualidad. Conflictos laborales, litigios financieros, cuestiones referidas al rubro inmobiliario y otras situaciones están frenadas en los escritorios por la restricción en la actividad que se viene dando desde hace dos meses en los juzgados de nuestra ciudad.

El presidente del Colegio de Abogados, Sergio Avalle, estimó que los casos presentados en dependencias del tercer poder del Estado y que no avanzan por la protesta de los empleados se cuentan “de a cientos”.

El directivo aseguró que a los letrados y sobre todo a sus clientes la problemática les sigue “afectando mucho”.

“Vemos que en Junín hay organismos que funcionan bien otros que no tanto, dependiendo de la cantidad de operarios que estén afiliados al gremio en esas instituciones y que, por ende, adhieran al paro. De todos modos, hay un acatamiento importante a la medida de fuerza”, señaló.

Avalle reconoció que “en parte, la tramitación de las causas se frenó porque los abogados se autolimitaron, haciendo sólo los trámites mínimos y necesarios para que las denuncias queden en las oficinas correspondientes, ya que en este escenario se sabe que más de eso no se va a avanzar”.

El colegiado fue más allá al afirmar que hoy en día “no es pleno” el derecho a la Justicia que se está brindando a los ciudadanos, debido a “la demora que se está dando en el tratamiento de las respectivas causas”.

“Es imposible cuantificar las causas demoradas, pero por poner un ejemplo, en el Tribunal de Trabajo están ingresando un promedio de ochenta expedientes por mes, y si tenemos en cuenta que hay otras tres dependencias del fuero civil y que el cese de actividades ya lleva varias semanas, la cifra se cuenta de a cientos”, calculó.

No obstante aclaró que “todo lo que es urgencias se resuelve en los plazos correspondientes. Si se interpone un recurso de amparo por la no provisión de medicamentos, se tramita y resuelve en los plazos que marca la ley”.

Un conflicto que no se detiene

El conflicto salarial en la Justicia sigue sin encontrar caminos de solución. La propuesta presentada ayer por el gremio en busca de desactivar los paros fue en principio rechazada por el Ejecutivo, y el sindicato resolvió continuar con las medidas de fuerza.

La Asociación Judicial Bonaerense propuso crear una comisión mixta para que en un plazo de 60 días -originalmente era de 120 días pero se redujo frente al reclamo de varias Departamentales- la Provincia defina el mecanismo de recuperación de la Porcentualidad salarial. Y ayer giró ese planteo al Ministerio de Trabajo.

Aunque no hubo pronunciamiento oficial, fuentes del gobierno bonaerense salieron a cuestionar la posición del gremio. “Ya les habíamos dicho que no se iba a discutir la Porcentual hasta tanto rigiera una ley de paritarias para el sector”, indicaron. Ahora la Provincia quedó en contestar, pero todo indica que la administración de Daniel Scioli no aceptaría el planteo sindical.

De esta manera, y en el marco de un conflicto que sigue sin resolución, los judiciales resolvieron sostener las medidas de fuerza que vienen desplegando desde hace varias semanas.

Si bien, como se dijo, no hay confirmación oficial del rechazo del Ejecutivo a la propuesta del gremio, la Porcentual es el principal obstáculo para acercar posiciones.

Para el gremio, es una reivindicación histórica y pretende que al menos el Ejecutivo disponga una recuperación en etapas. Sin embargo, la Provincia sostiene que su situación financiera le impide atender el reclamo, ya que una restitución plena de ese mecanismo de enganche le demandaría un gasto de 2.300 millones de pesos.

La Porcentual es un mecanismo que engancha los sueldos de los empleados con los de los ministros de la Suprema Corte, en escalas según las categorías. Para algunos agentes, el incremento treparía a porcentajes cercanos al 75% si se aplicará la propuesta que hace varios meses elaboró el sindicato.

Sesenta días

Aunque inicialmente el gremio judicial iba a proponer al Gobierno que una comisión se tomara 120 días para buscar un acuerdo sobre paritarias y salarios, al final en el proyecto que elevó redujo ese plazo a la mitad.

Sin embargo, el Ejecutivo la calificó de “irrisoria” y asegura que no respeta lo conversado en la reunión entre las partes.

Los trabajadores paralizan con su medida de fuerza los tribunales de las 18 departamentales bonaerenses y dificultan la actividad judicial. La Corte Suprema ordenó por un lado descontar el salario a los trabajadores que adhieren al reclamo mientras que exigió a los jueces que sean ellos los que atiendan la Mesa de Entrada.

Para la AJB la salida al conflicto es la conformación de una comisión mixta entre el Estado y el gremio para la negociación de la devolución de la porcentualidad, algo en lo que el sindicato cedería ya que al inicio del conflicto reclamaba la restitución inmediata.